En el último pleno del Ayuntamiento de Sagunto se produjo una votación que, como mínimo, nos causa sorpresa y cierto malestar. La concejala presentaba la ordenanza de fiestas que, como es habitual, había sido presentada y discutida en la correspondiente comisión y se había aprobado con los votos del equipo de gobierno (Compromís, ADN Morvedre y Esquerra Unida), y con la habitual abstención de parte de la oposición.
Pocas veces lo aprobado en comisión es rechazado por el pleno y más aún que algún grupo que haya votado a favor cambie su voto. En este caso y, dado que el equipo de gobierno más Izquierda Unida suman tan solo 12 concejales, la ordenanza podía haberse rechazado sin necesidad de que parte del equipo de gobierno cambiara su voto y lo que en comisión había votado afirmativamente, hiciera lo contrario en el pleno.
Es cierto que la ordenanza contenía algún punto polémico que, suponemos, ya había sido discutido en la comisión previa. Concretamente eran polémicos el tema de los toros y el baremo para la concesión de subvenciones. El primer aspecto se retiró (no sé si tras votación), pero en el segundo se presentó una enmienda de supresión por parte del Partido Popular que fue aprobada no solo por los trece concejales de la oposición sino también por Compromís. En total 18 a favor de la propuesta del PP y 7 en contra de ADN y EU.
El desconcierto en la delegada, su partido ADN y en Esquerra Unida fue mayúsculo. El alcalde y sus concejales votaban en contra de una propuesta de la delegada del alcalde cambiando el voto favorable emitido en la comisión previa. ¿Qué había ocurrido? Pues que el PP había presentado una enmienda de supresión que sería aceptada.
El Partido Popular pedía que se eliminase del baremo para la valoración de las fiestas de cara a la concesión de subvenciones las palabras «sean de carácter religioso». Resulta que el baremo proponía que se tuviera en cuenta la duración de la fiesta con un máximo de 10 puntos sobre 100, pero advertía que «no computarían los días que se hagan exclusivamente actos que sean de carácter religioso».
Era una propuesta absolutamente light, ya que, de ninguna manera se oponía a subvencionar cualquier fiesta religiosa, pues solamente se restaba un punto, sobre 100, por cada día que se hiciera exclusivamente fiesta religiosa. Así incluso una fiesta que solamente hiciera actos religiosos durante equis días (por ejemplo la Semana Santa) aún podría tener hasta 90 puntos del baremo si le adjudicaban el resto de los conceptos.
Creemos, desde Valencia Laica, que es lamentable que haya ocurrido esto. Es cierto que en muchas fiestas se mezcla la tradición con lo religioso, pero la propuesta de María Giménez, delegada de Fiestas, era absolutamente tolerante, ya que no excluía de la subvención a las fiestas religiosas. Únicamente se limitaba a minorar ligeramente sus méritos.
Hemos de acostumbrarnos a tener en cuenta que el ayuntamiento y el alcalde representan a todos los ciudadanos del municipio, donde hay una pluralidad religiosa cada día más grande. En estos momentos tenemos en nuestra ciudad varias confesiones religiosas y también ciudadanos que no pertenecen a ninguna de ellas por lo que sería de desear que no se repartiera el dinero del presupuesto, que es de todos, favoreciendo a unos pocos.
La propuesta que hemos comentado no llegaba a eso. No negaba la ayuda a ninguna confesión religiosa. Tan solo la limitaba en función de su duración. Una propuesta de mínimos en la que nadie debía haberse sentido ofendido ni perseguido. Muchos miembros de esos grupos religiosos que reciben subvención prefieren una separación clara entre lo público y lo privado (lo religioso) para no depender en ningún aspecto del poder civil.
Y, en ocasiones, los representantes públicos son más papistas que el Papa y protegen una confesión religiosa más de lo que ella querría.
