La entidad recrimina que algunos sectores quieran detener en los tribunales un derecho reconocido legalmente.
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) intentará que la jurisdicción contencioso-administrativa disponga de un procedimiento específico para acortar los plazos de suspensión cautelar de las medidas en los casos de eutanasia. «Desde el primer momento tuvimos claro que determinados grupos políticos que no lograron frenar la ley de la eutanasia en el Congreso intentaban ahora hacerlo a través de los tribunales, a pesar del sufrimiento que esto provoca en las personas afectadas,» ha declarado la presidenta de DMD en Catalunya, Cristina Vallès.
«No permitiremos que se utilice la justicia para bloquear derechos reconocidos y herir la dignidad de las personas», ha remachado. En este sentido, desde la entidad aseguran que continuarán trabajando con firmeza para que los derechos reconocidos al final de su vida sean efectivos, accesibles y respetados para todos.
La historia de Noelia
Este viernes se cumplirá un año desde que se paralizó la eutanasia que Noèlia había solicitado y que le había sido aprobada de forma unánime por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC). Desde entonces, la joven tiene detenida la posibilidad de ejercer su derecho reconocido por ley y se encuentra sometida a un sufrimiento que, desde DMD, consideran «profundamente injusto y cruel».
En este caso, la intervención de la justicia «no solo no ha garantizado derechos, sino que ha generado una grave injusticia: ha prolongado innecesariamente el sufrimiento de una persona que había cumplido con todos los requisitos legales para acceder a la eutanasia». La suspensión cautelar del procedimiento fue solicitada por el padre de Noèlia, representado por Abogados Cristianos, justo después de que la CGAC autorizara el procedimiento.
Pedirán un procedimiento específico
El ordenamiento jurídico español reconoce de forma muy amplia el derecho a recurrir las resoluciones administrativas ante los tribunales, por lo que intentar impedir de forma absoluta cualquier recurso contra los informes favorables de las CGA estaría probablemente condenado al fracaso. Lo que sí puede evitarse, según DMD, es el largo período de tiempo que tardan los tribunales en resolver estos recursos, manteniendo durante todo ese tiempo suspendidas las resoluciones que autorizaban la eutanasia e «infligiendo así un sufrimiento añadido a las personas que se ven obligadas a seguir viviendo en contra de su voluntad».
Por este motivo, desde DMD Catalunya trabajarán para impulsar una reforma de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la norma procesal que regula los recursos judiciales contra las resoluciones de las comisiones de garantía de la eutanasia, según lo establece la ley de eutanasia. Así, pedirán la incorporación de un procedimiento específico y sumamente abreviado que permita resolver con urgencia este tipo de casos, garantizando tanto la seguridad jurídica como la dignidad de las personas.
