Avisa Rubalcaba que si sale adelante la LOMCE del tertuliano/ministro Wert, que nos retrotrae a los últimos años setenta del siglo pasado y al olor a sacristía -para contento de la Conferencia Episcopal, que se ha salido con la suya-, avisa, digo, que si vuelven a gobernar no solo cambiarán la ley, sino que denunciarán los acuerdos con la Santa Sede. Pues ya era hora, ¿no?
El 3 de enero de 1979, veintiocho días después de ser aprobada la Constitución, el Estado Español y el Estado Vaticano (en usos diplomáticos, Santa Sede) firmaron cuatro acuerdos (que sustituían al Concordato de 1953), sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y el servicio militar de los clérigos y religiosos, y sobre asuntos económicos. Supongo que es evidente para todo el mundo que estos acuerdos no se negociaron, redactaron y firmaron en esos 28 días, sino que se negociaron durante meses y antes de ser aprobada la Constitución. Quiere decir esto que si bien es verdadero afirmar que se firmaron con la Constitución ya aprobada, también lo es decir que se negociaron con criterios legales pre-constitucionales.
Los Acuerdos y Tratados Internacionales suelen incluir entre sus artículos uno dedicado al arbitraje en caso de conflicto entre las partes. Y es frecuente que se acuerde que un tercer Estado (frecuentemente el Vaticano) se haga cargo de tal arbitraje internacional. Los cuatro acuerdos con el Vaticano, sin embargo, tienen una peculiaridad ciertamente exótica (por decirlo suavemente): no hay arbitraje en ninguno de los cuatro, sino que se remiten a un mutuo acuerdo. Así es el texto: La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan. Bonita manera de impedir la modificación y de dejar vacío cualquier posible desacuerdo. Bastará con que el Vaticano no quiera para que el Estado no pueda.
Evidentemente, ante esa situación, solo cabe denunciar el Acuerdo Internacional (o sea, anunciar a la comunidad internacional que se rompe el Acuerdo firmado). Y, más que probablemente, ese haya sido el miedo (y la falta de coraje político) de los gobiernos socialistas: no querer asumir las supuestas consecuencias diplomáticas de romper un acuerdo internacional. Así que, si el persistente Rubalcaba y el PSOE por fin han decidido dar el paso, bienvenido sea y felicidades a todos. Pero tiene toda la razón Cayo Lara diciendo que esa denuncia de los Acuerdos no es negociable por la LOMCE, sea como sea como quede la ley. Los acuerdos pre-constitucionales son denunciables por sí mismos, y no hay que unir su suerte a la de la nefasta ley que ha preparado el peor ministro del gobierno del PP del desaparecido Rajoy (que ya es mérito).
