El intento de Vox en varias CCAA de que los alumnos reciban enseñanza a la carta en asuntos de consenso constitucional -el llamado Pin parental- es «una idea estrafalaria» y sin posibilidad de aplicación, según diversos expertos. Pero sí supone una forma eficaz de control del profesorado y de los contenidos académicos mediante la amenaza y el miedo.
La citación judicial a un profesor del colegio IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena (Córdoba) el pasado 18 de diciembre ha disparado todas las alertas. Se le requirió para que explicara la actividad que el centro había llevado a cabo el pasado 25 de noviembre (Día Internacional contra la violencia machista), en la que los alumnos de secundaria vieron un vídeo del testimonio televisivo de Ana Orantes el 4 de diciembre 1997 en el que denunció los malos tratos que había recibido por parte de su expareja durante 40 años. Trece días después, éste la asesinó quemándola viva en el patio de su casa. Su revelación y posterior asesinato cambiaron para siempre la percepción de la violencia machista.
Aunque no está claro lo que rodea la citación de Baena, puesto que el juzgado ha decretado el secreto del sumario, el sindicato Ustea denunció que forma parte de una escalada de acoso y amedrentamiento que el profesorado y los centros están sufriendo desde que hace un año Vox entrara en el Parlamento andaluz y se convirtiera en pieza clave para apuntalar el Gobierno de PP y Ciudadanos.
Desde entonces, uno de los caballos de batalla del partido de ultraderecha ha sido lo que se conoce como el Pin parental, es decir,una supuesta ‘llave’ que los padres tendrían para autorizar o no a que sus hijos e hijas participen en determinados contenidos escolares.
Esta es una idea ampliamente difundida por Vox, que según todas las fuentes consultadas entra dentro de la categoría de la ciencia ficción y que sólo sirve para acosar y amedrantar profesores y centros educativos.
«Se trata de una idea estrafalaria que no tiene el más mínimo sustento legal«, afirma a Público Antonio Bujalance, responsable de acción sindical de Ustea en Andalucía.
«Los temas de igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, el respeto y la tolerancia hacia personas de distinta identidad sexual… no son materias extraescolares, sino parte del currículum, y este viene determinado por normativas estatales. Por ello, la Junta de Andalucía, por mucho que se empeñe, no puede darle a Vox este Pin parental. Los progenitores y tutores legales lo único que pueden decidir es si sus hijos participan o no en determinadas excursiones organizadas por el colegio o si estudian o no religión. Lo demás es un invento de Vox». «Si los padres quieren una educación a la carta, la única solución que existe es que monten una escuela en su casa», afirma Bujalance.
Pero el problema va mucho más allá de las nociones de igualdad y de violencia de género, tal como apuntan diversos expertos.
«Lo que plantea Vox es que el consenso constitucional no vale y que lo que es el desarrollo curricular puede ser cuestionado por una familia. Es decir, puede cuestionar que su hijo o hija aprenda que la tierra no es plana o la teoría de la evolución humana. De esto es de lo que estamos hablando en realidad. De quehan emprendido un cruzada contra lo que hemos avanzado en igualdad de derechos y que está recogido en la Constitución, que establece que todos somos iguales independientemente de nuestro género y de cualquier otra consideración. Lo que Vox llama despectivamente el ‘consenso progre’ es en realidad el consenso constitucional. Y esto es lo que está en juego», afirma Isabel Galvín, responsable del área de Educación de CCOO en Madrid. «Es imposible pensar que en Madrid haya colegios en los que entra la Constitución y otros en los que no», añade esta sindicalista.
Murcia a la cabeza
Murcia es, sin duda, la comunidad autónoma en la que el acoso a al profesorado y la implantación del llamado Pin parental han ido más allá. El pasado 29 de agosto todos los centros escolares públicos de Murcia recibieron una instrucción en forma de resolución emitida desde la Consejería de Educación. En ella se establecía una serie de criterios a la hora de tratar las actividades complementarias. «Estas actividades son un concepto incluido en los currículums que desarrollan contenidos. Se trata, por tanto, de asignaturas obligatorias y evaluables contenidas en un decreto, que legalmente tiene un jerarquía mayor a la resolución. Según ella [la instrucción], los progenitores debían dar su consentimiento expreso para que sus hijos participaran en dichas actividades obligatorias», afirma José Ignacio Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Murcia.
Para este profesor y sindicalista, el precedente de esto se sentó hace un par de años, cuando «algunas organizaciones ultracatólicas y ultraderechistas como el Foro de la Familia comenzaron a bombardear a la opinión pública de Murcia con discursos sobre la ideología de género o de la igualdad que, según dicen, horada los valores éticos y pretende coartar la libertad de enseñanza o adoctrinar. Incluso el actual presidente [Fernando López Miras], ya en campaña electoral comenzó a hablar de que los centros de enseñanza públicos estaban adoctrinando, lo que es una absoluta locura. Acusar a tus empleados públicos de usar su actividad docente para adoctrinar cuando enseñan aspectos de la vida afectivo sexual en una comunidad en la que los delitos sexuales se han incrementado en un 24% en los últimos años es una absoluta temeridad y un despropósito. Es volver la cara a la realidad. No gestionar medidas para afrontar este problema es un absoluta irresponsabilidad», afirma Tornel.
La aplicación de esta resolución fue denunciada por los sindicatos y en la actualidad se encuentra paralizada hasta que la justicia se pronuncie.
Alas a la derecha más extrema
La entrada de Vox en diversas instituciones ha permitido el ingreso en las mismas de representantes de los grupos más católicos y ultraconservadores de la esfera política, como la organización Hazte Oír o Abogados Cristianos, varios de cuyos miembros se sientan en los escaños de diversos parlamentos autonómicos.
A principios de este curso escolar, la organización Hazte Oír envió 23.000 cartas y folletos a centros educativos públicos y concertados de toda España, principalmente en aquellas comunidades gobernadas por el PP. En ellas iba incluido un formulario para que los padres y madres solicitaran información previa y consentimiento expreso a que sus hijos pudieran asistir a clases en las que se impartiera contenido afectivo sexual dentro del horario lectivo.
Junto con la carta, la organización distribuyó una campaña y un folleto titulado «Dejad a mis hijos en paz», que contiene diversos artículos destinados a informar a los padres sobre lo que denominan el «adoctrinamiento de género». Uno de estos artículos está firmado por Alicia Rubio, diputada por Vox en la Asamblea de Madrid. Por último y como parte de esta campaña, Hazte Oír hizo pública en una web los nombres de 300 centros educativos de toda España donde se llevan a cabo clases y talleres y charlas sobre igualdad y diversidad LGTBI.
Tanto CCOO como el sindicato Stem denunciaron ante diversas instancias (Fiscalía, Agencia Española de Proteccion de Datos, juzgados y las propias consejerías de Educación de diversas comunidades) esta campaña y el acoso que supone hacia centros y profesores.
Amedrenta que algo queda
Si tal como afirman todas las fuentes consultadas, la implantación del Pin parental -es decir el control por parte de los padres de los contenidos que quieren o no que sus hijos aprendan-, es imposible, ¿cuál es la finalidad de esta presión?
«Lo que intentan es amedrentar, sembrar la semilla del miedo, pero no sólo hacia los centros educativos, sino y principalmente hacia los profesores con nombre y apellido, porque es más eficaz. Si te denuncian tendrás que correr con los gastos de un proceso judicial y además te arriesgas a perder el trabajo, lo que probablemente influye en la manera en la que vas a llevarlo a cabo y en los contenidos que incluyas o dejes fuera«, afirma Mari Luz González Rodríguez, responsable de Mujeres de la Confederación Interseccional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES).
Esta campaña está suponiendo una intimidación al profesorado y una distorsión de las actividades y del buen clima en los colegios. Un llamamiento de Vox, que es quien lidera esto, pero con la complicidad de PP y de Ciudadanos, que lo están permitiendo porque necesitan los votos de Vox, y que está generando un problema donde hasta ahora no existía», afirma Galvín.
Lo que sí está claro es que uno de los colectivos a los que Vox tiene en su punto de mira es el profesorado. «Se cuestiona su libertad de cátedra, que también está en la Constitución, nuestra labor docente y los currículums que están aprobados y desarrollados», añade Galvín.
«Yo llevo más de 30 años de profesión y esto que está ocurriendo ahora no lo he visto ni al final del franquismo y tampoco esperaba verlo. Su objetivo no es conseguir el Pin parental, que es algo imposible. Lo que hacen es apuntar a lo más alto para generar una situación de amedrentemiento y temor, y conseguir frenar al profesorado. Que se vuelvan funcionarios grises que no se impliquen en nada. Esto no sólo es un grave peligro para la profesión, sino para la sociedad. En esto están ganando», concluye Bujalance.
