El coordinador federal de IU y José Luis Centella se reúnen en el Congreso con plataformas que defienden el patrimonio público y anuncia que promoverán un recurso de inconstitucionalidad por este «expolio».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha denunciado hoy que la inmatriculación de bienes realizada por la Iglesia Católica en España es “el mayor pelotazo inmobiliario de la Historia”. Tras un encuentro en dependencias del Congreso con plataformas que defienden el patrimonio público, Lara ha responsabilizado a la jerarquía católica de “usurpar” miles de bienes de dominio público, al tiempo que ha anunciado que su grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA promoverá la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional a las normas que den carta de naturaleza a este “expolio”, para que “se devuelva al pueblo lo que es del pueblo y nunca debió salir del pueblo”.
En el encuentro mantenido con la ‘Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro’ y con la ‘Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de tod@s’ ha participado una delegación de IU en la que, junto a Lara, han estado el portavoz parlamentario, José Luis Centella, y la diputada de IU-LV-CA en el Parlamento andaluz Alba Doblas.
Tras la reunión y en declaraciones a los medios efectuadas en los pasillos del Congreso, el máximo responsable de IU explicó que “desconocemos la magnitud” exacta del “expolio” iniciado a partir de 1998 por la “modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria”. A su juicio, este cambio legal es el que “ha permitido considerar como fedatario público a representantes de la Iglesia” para “usurpar miles de bienes de dominio público”.
Destacó también que, precisamente, esta modificación legal “haya coincidido con todo el periodo de la ‘burbuja inmobiliaria’, desde 1998 hasta 2007”. Según Lara, “no estamos hablando de una cuestión religiosa” en cuanto al uso de esos bienes, sino “en cuanto a la propiedad de los mismos, que tiene que ser pública, de dominio público”.
Cayo Lara insistió en que respaldarán con su firma la presentación del recurso de inconstitucionalidad por entender que los cambios producidos han propiciado “una usurpación de bienes por parte de la Iglesia”.
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