La Associació de Son Quint asegura que la iglesia no puede acreditar la propiedad de un espacio que “siempre ha sido de los vecinos” – También reclama la devolución de la plaza de la entrada.
La Associació Son Quint-Parc natural de Ponent asegura que el Obispado de Mallorca inmatriculó a su nombre la pista de frontón que hay junto a la parroquia de Son Rapinya, además de la plaza ajardinada que preside la entrada principal. Esta entidad subraya que los dos espacios son públicos y reclama al Ayuntamiento de Palma que actúe para que la diócesis los devuelva al barrio.
“Sobre el frontón siempre ha habido un secretismo absoluto. Durante años estuvo en manos del club de frontenis de Son Rapinya y de la federación balear de frontón, hasta que se disolvió. Pero como en el caso de la plaza de delante de la parroquia, la iglesia no tiene ningún título de propiedad sobre ese frontón. Exigimos al Ayuntamiento que investigue cuánto dinero se ha pagado para el mantenimiento y la iluminación de la pista“, señala Joan Prats, presidente de Son Quint-Parc Natural.
El @bisbatmallorca no només es va immatricular la plaça de davant l’Església de Son Rapinya. També el frontó de darrera. Hem demanat la seva restitució al poble de Son Rapinya. pic.twitter.com/gsF9NzBHFR— Son Quint-Parc natural de Ponent (@son_quint) 1 de febrero de 2022
Asimismo, subraya que el Obispado inmatriculó en 2015 la plaza y el frontón pese a que esos espacios “siempre habían sido de los vecinos”. En el caso de la plaza, Cort informó de que en 1998 hubo un cambio de titularidad de pública a privada para el que no encuentran explicación.
“La parroquia se consagró en 1880 y el solar sobre el que se edificó había sido cedido a los vecinos por Josep Quint Zaforteza, propietario de la possessió de Son Quint”, señala Prats. “Lo que no queremos es que cualquier día la iglesia decida vender la pista de frontón a un particular y lo perdamos para siempre”, añade.
La pasada semana Neus Truyol, teniente de alcalde de Urbanismo de Cort, criticó duramente al Obispado de Mallorca por haber inmatriculado la plaza. «Es una gran indecencia que una institución que habla de moral de forma continua realice un expolio legalizando una operación ilegal», afirmó.
El Obispado de Mallorca reconoce que no le pertenecen doce de las propiedades registradas a su nombre durante el periodo de inmatriculaciones extraordinarias aprobadas por el Gobierno de José María Aznar entre 1998 y 2015. En muchos casos la diócesis argumenta que no dispone de datos suficientes para identificar el inmueble o la titularidad del mismo.
