Sumar pide al Gobierno que revoque su contrato con la Diócesis por no permitir la entrada gratuita que exige la ley y por no proteger el monumento
«¿Qué pasa con la Cartuja?». Sumar ha presentado al Congreso de los Diputados una serie de preguntas sobre la situación de la Cartuja de Jerez, impulsados por la inquietud que genera el estado de dicho monumento tanto en la asociación ‘Amigos de la Cartuja’, como en el propio seno del partido político. Sumar recuerda que la Cartuja de Santa María de la Defensión fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1856. La Cartuja es propiedad de Patrimonio del Estado, «pero en la actualidad está vigente un convenio entre el Gobierno y la Diócesis Asidonia-Jerez, en virtud del cual se otorga el uso y disfrute de la Cartuja a dicha Diócesis, condicionándose dicho convenio a que una orden religiosa habite la Cartuja». Un punto este último que desde el partido creen que «no se ha cumplido durante meses», desde que se marcharon las hermanas de Belén en marzo de 2024, hasta la llegada en septiembre de 2024 de las cuatro hermanas Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo. «Sabemos muy bien que el tipo de presencia que hay ahora es muy testimonial, de última hora, y no sabemos si es para cubrir mal el expediente o no cubrirlo por parte del Obispado», asegura Toni Valero, diputado GP Plurinacional SUMAR.
Otras de las cuestiones planteadas al Gobierno, que tiene 40 días máximos para responder (desde el pasado 24 de enero), es «si el Obispado está cumpliendo con los requisitos de mantenimiento del inmueble, pues algunas dependencias han desaparecido, otras están en ruina y varias se encuentran muy deterioradas. Se pueden apreciar grietas en distintos muros y la portada, obra de Andrés de Ribera, se encuentra en muy mal estado. Desconocemos si existe un inventario completo de los bienes muebles que tiene la Cartuja, pero vecinos de Jerez nos han hecho llegar que parte de los cuadros, esculturas y tallas se encuentran en la Catedral de Jerez».
El 25 de noviembre de 2024, la Diócesis de Jerez publicó a través de su página web un artículo informando sobre la solución ofrecida desde el Ministerio de Hacienda, que es, según la publicación de la Diócesis, que el Bien se afecte al Ministerio de Cultura para que se pueda hacer una concesión al Obispado que permita poder llevar a cabo los proyectos que tienen previsto, diversificando su uso. Al respecto, Sumar recuerda que en la actualidad «se puede visitar la Cartuja, previo pago de una entrada. No se está aplicando el artículo 13.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que establece la obligación de los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, de permitir y facilitar su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados. ¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar la protección, conservación y puesta en valor del Monumento Nacional de la Cartuja de Jerez?».
«Llegados a tal punto de incumplimiento, nosotras lo que nos parece es que el Estado tiene que intervenir y eso pasa por garantizar la protección y la rehabilitación del inmueble. Eso significa revocar un convenio que se está incumpliendo por parte de la Diócesis, plantear medidas para esa rehabilitación y la entrada gratuita a la ciudadanía a dicho inmueble. Creemos que con quien tienen que interpelar las administraciones es con la ciudadania y con las entidades locales como ‘Amigos de la Cartuja’, que están muy preocupadas por lo que ocurre», apunta Toni Valero.
Entre las interpelaciones presentadas por Sumar al Gobierno están también: ¿Considera el Gobierno necesario realizar una auditoría exhaustiva del estado del monumento y de todos sus bienes muebles? ¿Valora el Gobierno la posibilidad de implementar un plan de rehabilitación integral que garantice la conservación de la Cartuja? ¿Va a garantizar el Gobierno un número mínimo de días de visita gratuita a la Cartuja en cumplimiento de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y del artículo 44 de la Constitución española que obliga a los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura? ¿Se plantea el Gobierno la posibilidad de promover un proceso participativo con la ciudadanía y las entidades locales para definir el futuro uso y gestión de la Cartuja, priorizando su carácter público y cultural? «En función de las respuestas, pues consideraremos más iniciativas parlamentarias», concluye Valero.
