Esta es una nueva versión de la historia de David contra Goliat. Una historia cuyo final está todavía por escribirse. Y y que se dirime, como todo en nuestros días, en los tribunales.
David, en este caso, se llama Fernando Jabonero Orasio, de 61 años de edad, físico jubilado, activista y exconcejal por el PSOE en Pastrana, provincia de Guadalajara.
Pastrana es la villa ducal donde Santa Teresa de Jesús fundó el convento de San José en el siglo XVI, en el que estuvo la princesa de Éboli de joven, la conocida aristócrata del parche.
Goliat, en este caso, es la Iglesia católica y, de forma personal, Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara, a cuya diócesis pertenece esta localidad, situada a una hora y cuarto de Madrid por coche.
El motivo de esta larga batalla legal, que ya dura 7 años, es la polémica reforma de la Sacristía de la Colegiata, un templo que, sin ser sede episcopal, tenía un ‘colegio’ (cabildo, comunidad) de canónigos que, además de ejercer otros ministerios, celebraban la liturgia propia de las catedrales.
“La reforma es ilegal”, según Jabonero. “Y se ha hecho con el fin de albergar interior, como exposición permanente, la serie de cuatro tapices de Alfonso V de Portugal, de gran valor artístico, que cuenta las conquistas de las ciudades de Arcila y Tánger, en el norte de África, en 1471. Tapices que habían estado colgados en la Colegiata desde el siglo XV”.
“Exposición por la que cobra el obispado, actualmente”, añade.
Jabonero ya ha interpuesto cuatro denuncias.
Las tres primeras, ante la Fiscalía de Guadalajara, ante los Juzgados de esa ciudad y ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Fueron archivados.
“No me extrañó nada. Son órganos que tienen su sedes en el territorio del obispo”, apunta.
La cuarta fue presentada el pasado 4 de febrero ante la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige Antonio Vercher –competente para este asunto–. En Madrid.
Con esta espera tener más suerte.
La fama de Vercher, como fiscal justo y eficaz, le precede.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal, está plena de indicios y argumentaciones que se comprenden con toda claridad con una visita al lugar.
“Sólo basta ver las imágenes. Hablan por sí mismas”, dice Jabonero. “Sólo un ciego puede negar las evidencias. Hablan por sí mismas. A gritos”.
EL OBISPO, DENUNCIADO POR DOS SUPUESTOS DELITOS
Jabonero ha dirigido esta denuncia contra todos los implicados en la reconstrucción de ese espacio.
Empezando por monseñor Atilano Rodríguez, al que no menciona por su nombre pero al que considera impulsor de la obra.
“El promotor es siempre el dueño. El obispo, en este caso. A un cura no se le ocurriría jamás realizar obras, y mucho menos como estas, sin su apoyo y visto bueno, por insuficiencia de medios económicos y, sobre todo, por jerarquía”, explica.
Considera al obispo Rodríguez autor de un supuesto delito del artículo 319 del Código Penal, por obras no autorizables llevadas a cabo en un Bien de Interés Cultural (BIC), como es la Colegiata de Pastrana, y por otro delito contra el Patrimonio Histórico del artículo 321 por las obras no autorizables realizadas en un edificio “singularmente protegido” por su interés cultural, histórico, artístico y monumental.
“La Iglesia no está, ni puede estar por encima de la Ley en un estado de derecho como este. Y no puede hacer lo que le venga en gana con inmuebles que, como este, están protegidos y son patrimonio nacional”, afirma con lentitud y aplomo.
La denuncia también la dirige contra el exalcalde de Pastrana, el popular Ignacio Ranera Tarancón, por un supuesto delito de prevaricación.
Ranera Tarancón perdió la Alcaldía en las elecciones del pasado 26 de mayo después de 28 años de gobierno ininterrumpido del Partido Popular.
Y fue, en gran parte, por la fuerte y tenaz oposición de Jabonero. Y de forma singular, por la reforma de la Colegiata y su denuncia pública. Sus argumentos calaron entre los votantes.
Ranera reconoció públicamente que este factor fue determinante para su derrota.
TAMBIÉN DENUNCIADOS LOS CONCEJALES QUE AUTORIZARON LA “REFORMA”
Por el mismo delito de prevaricación, han sido denunciados los concejales del PP que votaron a favor de otorgar la licencia de reforma.
La denuncia contra el secretario del Ayuntamiento es por omitir informar que el proyecto vulneraba el Plan de Ordenamiento Municipal.
Los hechos imputados a la arquitecta honorífica, Angélica Wallasch Jáuregui-Lorda, son por un supuesto delito de ordenación del territorio y por otro de usurpación de funciones públicas.
Tampoco se escapan de la denuncia los miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico de Guadalajara (CPPHA) que trataron sobre este asunto entre 2010 y 2012, por omitir informar no respaldar la realización de una demolición en un edificio “singularmente protegido”; por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Ni los directores de la obra, llevada a cabo por la Constructora Geocisa entre 2012 y 2013, y los constructores, a los que ha imputado los mismos supuestos delitos que el obispo Rodríguez.
EDIFICIO DEL SIGLO XVI PERO ORIGINARIO DEL SIGLO XIII, PROTEGIDO
La Iglesia Colegiata de la Asunción tiene sus orígenes en una primitiva iglesia románica del siglo XIII construida por los caballeros calatravos, de la que aún se conservan algunos elementos, la cual fue reformada en los siglos XVI y XVII.
El edificio había sido catalogado con protección integral en 2004.
La Consejería de Cultura de la Comunidad de Castilla-La Mancha incoó la declaración BIC con categoría de Monumento en febrero de 2012, lo que fue comunicado al cura y al alcalde, entonces Ranera Tarancón.
El 27 de junio de 2013 el Gobierno de esa Comunidad Autónoma aprobó dicha declaración.
Cualquier tipo de obra o modificación precisa de autorización.
Obligatorio.
Desde el momento de la incoación de la declaración el edificio era “intocable”. Desde febrero de 2012.
Así lo establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
“Es competencia exclusiva del Estado autorizar cualquier demolición o ampliación”, apunta Jabonero.
Pero no se respetó.
El 3 de abril de 2012 el cura párroco registró en el Ayuntamiento una solicitud para un “Proyecto de acondicionamiento de Museo de Tapices en la Colegiata de Pastrana”.
“Una arquitecta honorífica validó favorablemente el proyecto y el Ayuntamiento otorgó la licencia el 5 de julio de 2012 sin constar el visado del estudio arqueológico, previo e ineludible para otorgar la licencia. La arquitecta no estaba habilitada para esa función. Tenía que ser una arquitecta funcionaria. Además, también actuó como contratista dos veces en esta obra”, cuenta Jabonero.
Estas obras no podían autorizarse porque vulneraban el Plan de Ordenación Municipal y el secretario del Ayuntamiento no informó de ello, afirma el activista.
“En la Colegiata solo eran posibles las obras de acondicionamiento, restauración y mantenimiento. El resto estaba prohibido. Y se hicieron demoliciones, redistribución de espacios y ampliación. Se levantó un piso y se horadó el suelo para hacer otro nivel. Las obras realizadas son ilegales de todo punto y propósito”, asegura Fernando Jabonero.
Imagen del interior, con los tapices que fueron el origen de la reforma de la Sacristía de la Colegiata de Pastrana, que Jabonero denuncia.
Lo paradójico de todo esto es que la “reconversión” del edificio precisó de una inversión total de 781.936,15 euros; 530.126,20 euros fueron subvenciones de los fondos europeos, del Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha, en aquel momento presidido por Dolores de Cospedal.
Una paradoja de difícil explicación.
“Porque por una parte, el Gobierno regional incoa el expediente para declarar BIC a la Colegiata y, por otro, subvenciona una reforma de todo punto ilegal. Está claro que la comunicación interna de ese gobierno regional no funcionó. Porque pensar en otra cosa es internarnos en el campo delictivo”, asegura Jabonero.
El propio Ayuntamiento de Pastrana subvencionó la obra con 100.000 euros, repartidos en cuatro años.
“A razón de 25.000 euros anuales. Yo lo descubrí cuando estaba de concejal por el PSOE y lo denuncié. No era de recibo. Pero no pasó nada”.
¿Qué es lo que debería pasar ahora?
“Es muy simple. La ley debe cumplirse. Las obras son ilegales. La justicia debe ordenar restituir las cosas como estaban antes. Así de simple”, concluye Jabonero.
