La Fundación Española de Abogados Cristianos solicita medidas cautelarísimas al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona para evitar que tenga lugar un taller de travestismo en la localidad de Tarrasa (España) orientado a niños desde 6 años.
La actividad forma parte del Festival Tarrasa Nuevas Tendencias (TNT) que se celebra en la localidad catalana y está prevista para el fin de semana del 1 y 2 de octubre próximos.
Desde Abogados Cristianos se asegura que el taller “vulnera el derecho a la protección de la juventud y la infancia, el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y el deber de la Administración de ser neutral”.
De esta manera, se alerta de que los talleres de travestismo suponen “un daño irreparable para los menores y una adhesión e imposición ideológica por parte de un Administración Pública mediante actividades moralmente controvertidas”.
Estas actividades, denuncian, pueden derivar en “confusión de la autopercepción sexual de los menores, disforia de género y otros problemas relativos a la salud mental”.
“Introducir la flexibilidad de género”
El taller “Drag Kids!” dirigido por la artista Sara Manubens, se presenta en el programa oficial del festival como “un taller intergeneracional de travestismo dirigido a familias con criaturas de seis a doce años” en el que “tres Drag Queens nos acompañarán al preguntarnos qué cuerpo nos gustaría construir para nosotros mismas”.
“Por este nuevo cuerpo nos inventaremos un nuevo nombre, le dibujaremos una cara y le escogeremos la ropa”, prosigue la información oficial, que no esconde la intención adoctrinadora: “No se trata de plantearnos grandes preguntas, sino de jugar e introducir el tema de la flexibilidad del género desde la plasticidad y el travestismo”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “los políticos utilicen su cargo para imponer su ideología, vulnerando incluso nuestros derechos fundamentales”.
“Este tipo de acciones deberían conllevar la inhabilitación del responsable” afirma, pues “los padres tenemos el derecho a decidir sobre la educación que reciben nuestros hijos. Estas actividades no sólo no son educativas, sino que pueden ser constitutivas de delito”, concluye.
