La resolución firmada por el Defensor del Pueblo Andaluz, a propósito de una queja de la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla, sugiere garantizar “la supervisión, control y autorización de las actividades desplegadas” en la Catedral hispalense
Tras la queja registrada por la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla ante el Defensor del Pueblo Andaluz el pasado mes de enero, la institución dirigida por Jesús Maeztuemitió la pasada semana una resolución instando a la Junta de Andalucía a elaborar, discutir y aprobar un Plan Director de la Catedral de Sevilla para garantizar “la supervisión, control y autorización de las actividades desplegadas en el conjunto monumental”.
La resolución del Defensor reconoce también que no existe aprobación del Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ni de los otro once inmuebles catedralicios de Andalucía, como la Catedral de Cádiz o la de Jerez. Y es que desde finales de los años 90 el desarrollo de estos planes estaría paralizado: “(…) No obstante, en 1996 se inicia por Ia Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el Plan de Catedrales Andaluzas por el que se dotan a cada una de ellas, incluida la de Sevilla, de un adecuado Plan Director. quedando este plan en suspenso después del irregular desarrollo que alcanzaron los referidos Planes Directores”.
El concepto de Plan Director, en este ámbito patrimonial, puede tener varios alcances, pero de manera mayoritaria podría definirse como “instrumento destinado a la compilación de datos, el diagnóstico de los problemas, y la concreción de propuestas de actuación para cada una de las catedrales”. Una de las cuestiones clave de estos documentos pasan por aumentar la transparencia en la gestión de este patrimonio común. Un programa de uso y gestión(zonificación, uso litúrgico, uso cultural compatible, visitas, servicios e instalaciones, usos productivos, espacios libres o acotados, musealización, proyecto de divulgación…), pero también una memoria económica con la distribución de la inversión prevista, las prioridades de las actuaciones, o la vinculación entre las actuaciones.
En el caso de la Catedral de Sevilla, según el informe de Maeztu, “el rango cultural de dichos elementos —Catedral, Giralda y Patio de los Naranjos— exige la disposición de un instrumento formal y válido que podría articularse en un Plan de Gestión, o herramienta análoga, que permitiera aplicar desde la Administración Autonómica las metodologías y sistemas de gestión actuales y eficientes, en condiciones análogas a las que existen en otros espacios culturales de relevancia”. Y es que la aplicación de esta normativa en otras catedrales “ha logrado plasmar, desde el rigor técnico y la seguridad jurídica, los principios constitucionales de actuación de las Administraciones Públicas en este singular ámbito de intervención”. En este sentido, desde la Plataforma recuerda que el artículo 36 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce como deber el de “cuidar y proteger el patrimonio público, especialmente el de carácter histórico-artístico y natural”.
Por otra parte, desde la plataforma ciudadana señalan que la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz “contradice totalmente la afirmación del arzobispado de que les compete solo a ellos decidir sobre los usos y haber cerrado, por ejemplo, el Patio de los Naranjos”. Históricamente, el Cabildo de la Catedral de Sevilla ha sostenido que ellos son “la única institución que, bajo la superior autoridad del arzobispo, cuenta con atribuciones legítimas para definir los usos y restringir el acceso al Patio de los Naranjos”.
Por todo ello, la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ exige a la Junta de Andalucía que garantice la aprobación del Plan Director de la Catedral de Sevilla “para mejorar la transparencia en la gestión de este bien cultural, garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los principios constitucionales que exige a las Administraciones Públicas conservar y proteger el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España”.
