La Delegación del Gobierno en Aragón se ha comprometido ante el Defensor del Pueblo a «no prohibir o limitar el ejercicio del derecho de reunión, ajustando sus resoluciones a la doctrina del Tribunal Constitucional adoptando una posición favorable al ejercicio de dicho derecho». La resolución llega tras varios requerimientos del organismo, instados por el Movimiento Hacia un Estado Laico, por las tres ocasiones en las que, en el 2012 y 2013, prohibió la celebración de manifestaciones. Uno de los vetos fue revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
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