Hace casi tres años, otra campaña social movilizó a la ciudad para abandonar la Iglesia católica. Foto MARCIANO –
Juventudes Socialistas activa una campaña para ayudar a los ciudadanos a apostatar, pide la laicidad del Estado y que las diócesis paguen el IBI
Juventudes Socialistas de Castilla y León (JSE-CyL) ha lanzado una campaña bajo el eslogan Libertad para entrar, libertad para salir para ayudar a apostatar a toda persona que quiera y reclama la laicidad del Estado y de toda institución pública «por coherencia con la democracia constitucional en la que vivimos».
Según Andrea Carrascal, secretaria general de Juventudes Socialistas, «hay muchas personas que han sido bautizadas de bebés o muy pequeñas y a día de hoy no quieren pertenecer a la Iglesia. Algunas perdieron la fe, otras puede que no la hayan tenido nunca». En este sentido, Carrascal explica que su organización resolverá dudas de todas las personas que quieran apostatar y han puesto en su web a disposición de quien lo necesite unas cartas tipo que tendrán que rellenar con sus datos y enviarlas a obispados y parroquias para que les borren.
«Simplemente, esta campaña trata de ayudar a quien quiera dejar de pertenecer a la Iglesia y de aparecer como miembro de ésta en sus registros, es decir, reclamar que se cumpla la ley de protección de datos, ni más ni menos» aclara la Secretaria General.
Por su parte, Camino Orejas, vicesecretaria general y responsable del área de Relaciones Institucionales, Memoria y Justicia de la organización socialista juvenil, recuerda la campaña que JSE-CyL lanzó hace dos semanas para presentar sus propuestas sobre laicidad y la moción que la organización política pretende llevar a todos los ayuntamientos de Castilla y León.
Orejas explica que la laicidad que reclaman es «el elemento indispensable para asegurar que haya una total libertad religiosa y de conciencia y se respete completamente, sin discriminación, todas las creencias». Según la joven, la moción que han elaborado propone un amplio abanico de propuestas a todos los niveles. A nivel nacional reclaman eliminar la referencia a la Iglesia Católica de la Constitución e incorporar el principio de laicidad del Estado en la misma, y una nueva Ley Orgánica sobre Libertad Religiosa y de Conciencia. En el ámbito local, reclaman a los municipios retirar de los espacios de titularidad pública la simbología religiosa, salvo aquella que sea un bien patrimonial e histórico y elaborar un censo público de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI.
