“El Gobierno garantizará la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas en los términos previstos en el ordenamiento”. Así se recoge en la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, el derecho a la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas Españolas (FAS). Un derecho que, en 2019, supuso un gasto de 3.202.038,05 euros para el Ministerio de Defensa solo en retribuciones brutas al personal. A esto hay que sumarle 878.903,61 euros de “cuota de empresa”.
En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy contestó a una pregunta de la diputada Zaida Cantera (PSOE) explicando que en esos momentos había 82 sacerdotes, “todos ellos de la Iglesia católica”, prestando su servicio de asistencia religiosa en el Ministerio de Defensa. La cifra, en 2020, ha aumentado. Actualmente, en las FAE prestan sus servicios 86 capellanes castrenses, además de monseñor Juan del Río Martín, arzobispo castrense. En la respuesta del gobierno de Rajoy también se especificaba que “las retribuciones básicas» eran equivalentes a un nivel 26 de la Administración General del Estado, aunque no aclaraba cuánto suponía esto para las arcas públicas.
Con una simple división, podemos calcular que la retribución de los capellanes es superior a los 37.000 euros anuales. Según eldiario.es, en 2016 el arzobispo del Río ganó 59.832 euros que salían de los Presupuestos Generales del Estado.
Estos nuevos datos han sido proporcionado a La Marea tras realizar una solicitud de información a través del Portal de Transparencia, que ha estado paralizado desde que comenzó el estado de alarma, por lo que la respuesta ha tardado más tiempo del estipulado. En dicha solicitud, este medio pedía conocer el “desglose del gasto que supone el derecho al culto religioso en las Fuerzas Armadas españolas en el último ejercicio disponible”.
Desde la subdirección general de Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio de Defensa aclaran que el Servicio religioso en las Fuerzas Armadas (SARFAS) “no cuenta con dotación diferenciada en el desarrollo del presupuesto de Defensa, por lo que parte del gasto se encuentra incluido en los costes de las Bases, Acuartelamientos, Centros, Establecimientos y Dependencias donde se ubican sin que puedan ser desglosados”.
Sin embargo, Defensa sí ha remitido algunos otros datos, además de los ya mencionados. Al margen de las retribuciones brutas y las cuotas de empresa, la subdirección general de servicios Económicos atribuye 177.134,99 euros en “gastos corrientes en bienes y servicios”.
Dependen también del Arzobispado Castrense la iglesia catedral del Santísimo Sacramento del Altar (Madrid) y el seminario del colegio sacerdotal castrense Juan Pablo II de Madrid. En las reparaciones, mantenimiento y conservación del Arzobispado, la iglesia catedral y el seminario, Defensa ha gastado 11.215,19, 25.105,64 y 5.854,61 euros, respectivamente. Todo esto, sumado a lo anterior, superan los 4.300.000 euros. Sin embargo, como explican en la respuesta remitida a este medio, esto es solo una fracción de la dotación, puesto que parte del gasto está incluido en otras partidas, por lo que es imposible conocer el alcance total.
Un acuerdo que data de 1979
El 3 de enero de 1979 se firman los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Entre ellos, se encuentra el Acuerdo sobre la Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos. El SARFAS se crea mediante el Real Decreto1145/1990, de 7 de septiembre, donde se establece que la Jefatura del Servicio de Asistencia Religiosa será ejercida por el Arzobispo Castrense, aunque serán los capellanes quienes lleven a cabo la asistencia religiosa a aquellos miembros de las FAS que sean creyentes.
Según el Artículo 3 del RD, “los miembros del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas no tendrán la condición de militar”.
Como explica Ángel Munárriz en su libro Iglesia S.A. (Akal, 2019), el acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar es “otra estructura simbiótica Iglesia-Estado que revalida su carta de naturaleza jurídica”. Puesto que se garantiza la asistencia religiosa a las FAS, “se entrega al Vicariato Castrense su prestación. Es una especie de subcontratación sin concurrencia competitiva. ¿Quién más iba a presentarse al concurso?”, se pregunta el autor, que termina señalando lo importante: “Todo se paga con la hucha pública”.
Para Zaida Cantera, excomandante del Ejército de Tierra, el Arzopispado castrense “es una reminiscencia del pasado”. La diputada socialista considera que existen dos formas de reformar la asistencia religiosa para que llegue a todos los miembros de la FAS: “Por un lado, si queremos unas fuerzas armadas totalmente aconfesionales, no tiene sentido que del erario público salga dinero para capellanes. Se pueden crear espacios de oración donde tengan cabida todas las religiones, como ya se hace en los hospitales, y donde pueda rezar un católico, un evangelista, un musulmán o quien quiera”, explica Cantera.
También propone una segunda solución: “En el caso de que consideremos que la asistencia religiosa permite aumentar la capacidad de maniobra de nuestras tropas y subir la moral, en ese caso debemos prestar esta asistencia pagada con dinero público pero tiene que llegar a todos los credos. Por lo tanto tiene que haber representantes de los diferentes credos. Yo no estoy en contra de prestar asistencia religiosa, aunque soy atea, pero tiene que llegar a todos los miembros de las fuerzas armadas”, zanja la diputada.
