A la ciudadanía:
En la fecha de hoy se cumple un nuevo aniversario del natalicio José Pedro Varela. En homenaje a su labor y compromiso en la construcción del principio de laicidad – parte sustancial del tríptico republicano junto al de gratuidad y obligatoriedad de la escuela pública, la ley Nº 19.626 de 2018 consagra al 19 de marzo como Día de la Laicidad en Uruguay.
Este principio fundamental para la democracia republicana es fruto de un rico proceso de construcción que comienza en el período artiguista, prosigue con la ley de nomenclator de Montevideo de 1843 durante la presidencia de Joaquín Suárez, la secularización de los cementerios en 1861 (presidencia de Bernardo Berro), la ley de educación de 1877 impulsada por el propio José Pedro Varela, las leyes de registro civil de 1879 y de matrimonio civil obligatorio de 1885. Y que continuaron con todas las reformas laicistas del período llamado “batllista” desde comienzos del siglo XX: leyes de divorcio, eliminación de los símbolos religiosos en las instituciones estatales, prohibición para los militares – en carácter oficial – de participar en ceremonias religiosas, eliminación del cargo de capellán, la eliminación definitiva del catecismo de la educación pública por ley de 1909 durante la presidencia de Williman, que culminan con las leyes de feriados laicos y la instauración del Estado Laico con la reforma constitucional que entra en vigencia en 1919 la cual en su artículo 5º consagra: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.”
A partir de entonces, y hasta ahora, la laicidad se ha consagrado como la viga maestra que sostiene el andar democrático en nuestro país, a pesar de los intentos que regularmente surgen desde diversos colectivos sociales, políticos o religiosos, de despojarla de su carácter esencial que la consagra como un principio esencial de nuestra institucionalidad republicana.
La educación laica es un cimiento fundamental en la construcción de ciudadanía y por extensión, de la democracia republicana. José Pedro Varela asociaba en forma clara y contundente la generación del libre pensamiento y libertad de conciencia al concepto de laicidad: “La educación, que da y exige el Estado, no tiene por fin afiliar al niño a ésta o a aquella comunidad religiosa, sino prepararlo convenientemente, para la vida de ciudadano. (…) La escuela, establecida por el Estado laico, debe ser laica como él.” (…) Respetando la libertad de conciencia, como una de las más importantes manifestaciones de la libertad individual, se reconoce en el ciudadano el derecho de profesar las creencias que juzgue verdaderas. Sucede lo mismo con respecto a la política: la escuela no se propone enrolar a los niños en éste o aquel de los partidos, sino que les da los conocimientos necesarios para juzgar por sí y alistarse voluntariamente en las filas que conceptúen defensoras de lo justo, de lo bueno.” Estos principios, hoy, siguen tan vigentes como en los días que fueran formulados, y podemos señalar con legítima satisfacción ciudadana, que los mismos han devenido en factor de identidad nacional, y han sido – en general – respetados por los diversos actores cívicos de nuestra sociedad, lo que nos da fortalezas como colectivo.
La laicidad del Estado y como principio rector en la educación es fundamental porque es clave en la construcción de ciudadanía, integración social, Democracia y República. Es la mejor herramienta para forjar conciencia y pensamiento libre, armonía y paz social. Una ciudadanía de personas capaces de ejercer su libertad de conciencia y que la misma sea respetada, tiene mejores posibilidades de enfrentar los signos de desintegración, fractura y violencia social que amenazan a nuestras sociedades contemporáneas. La educación por sí sola no puede resolver todos los problemas sociales, pero es indispensable para promover una ciudadanía consciente capaz de expresar su voz sobre los diversos asuntos que la conciernen, de manera de evitar, asimismo, las presiones sobre el Estado de diferentes grupos de interés o poderes fácticos.
Por ello, las asociaciones firmantes declaran:
- Reafirmar el compromiso en la defensa y consolidación de la institucionalidad democrática, republicana y laica, en el entendido que ella brinda las herramientas para la construcción de ciudadanía, generándose en consecuencia, condiciones para conquistas relacionadas con la emancipación humana y el compromiso consciente de su defensa.
- Promover la defensa de los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad en la Educación Pública, como tríptico fundamental en la construcción de ciudadanía, armonía, integración y paz social.
- Reafirmar el compromiso con la defensa de la educación pública laica y de calidad, sosteniendo la posición tradicional del Estado laico de no financiar a las instituciones educativas privadas, sea en forma directa o indirecta a través de mecanismos de exoneraciones tributarias o de “renuncia fiscal”.
- El compromiso de defender el espacio público como el ágora que comparte toda la ciudadanía y sobre el cual tienen derecho al uso y goce todas las personas, sin distinciones, sólo en el respeto de la ley. En él, ninguna organización religiosa tiene derecho a apropiarse o convertir en privado, algo que es de todos. Por esta razón, estamos absolutamente opuestos a la implantación de imágenes religiosas en el espacio público, como se está promocionando en los últimos años por parte de organismos religiosos.
- Llamar – por consiguiente – a las autoridades políticas y administrativas departamentales y municipales a conservar el espacio público como un bien común de toda la sociedad.
- Llamar la atención al sistema político, a los partidos y a los militantes de los mismos, a acerca de la responsabilidad que les cabe, como representantes de la ciudadanía, en la defensa de la institucionalidad republicana y laica, por lo que les llamamos a tenerlo en cuenta tanto en sus discursos como en sus acciones. Una práctica que vaya contra esto, es un camino irreversible que sólo podrá traer fragmentación, polarización y enfrentamientos en perjuicio de la armonía democrática y social.
- Llamar a la ciudadanía a asumir el compromiso en la defensa de la institucionalidad laica, pues solo ella es la verdadera depositaria de la soberanía y por lo tanto, del control de las instituciones.
- Reafirmar el compromiso de las asociaciones firmantes de mantener en alto la antorcha de la defensa de estos principios, que son garantía de armonía, fraternidad, integración, paz social, y convivencia democrática y tolerante.
Asociación Civil 20 de Setiembre
Asociación Uruguaya de Libre Pensadores (AULP)
Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP)
