De médicos, dioses y crímenes · por Carmen de Lucas Verdier

Todas las ideologías políticas y religiosas son merecedoras de respeto, hasta el momento en que se las utiliza para pisotear y violentar los derechos fundamentales de las personas, desde posiciones de privilegio.
Los atropellos de la Iglesia Católica no se limitan a los indecentes y deleznables abusos sexuales contra la infancia; abarcan desde nuestro nacimiento hasta nuestro último suspiro, y se perpetran desde la sombra, en ámbitos cruciales como la educación y la salud, entre otros.
María ha fallecido a sus 94 años, sin que se respetase su derecho a una muerte digna, en medio de terribles sufrimientos, tal y como le sucedió con anterioridad a Luis, su compañero de vida. Era una mujer cristiana que, tras vivir con horror el final del padre de sus hijos en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, hace ocho años, decidió hacer testamento vital. En él detalló el tipo de sedación que quería, cuando estuviese en fase terminal y ya no pudiese expresarlo por sí misma; una sedación lo suficientemente profunda y continuada, que le evitase cualquier sufrimiento inútil.
El equipo médico que la trató este verano de 2025 en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, no respetó su mandato, porque éste estaba en contraposición con su concepción religiosa de lo que la vida y la muerte deben ser, y porque sus miembros tenían y tienen la facultad de forzar a otras personas a acatar sus dogmas de fe, sin importarles el sufrimiento y los derechos ajenos.
La eutanasia solicitada por María no llegó a tiempo, agonizó durante semanas, víctima de una asfixia insoportable, y atormentada por profundas escaras, una sed cruel, constantes dolores articulares y musculares, un distrés intratable, ansiedad y pánico producto de la morfina, y fiebres de 39°C. Es decir, sometida al sufrimiento físico y psicológico de terribles síntomas refractarios, que solo se pueden aliviar mediante una sedación profunda.
Las internistas que la atendieron y sus secuaces de cuidados paliativos, obligaron a los familiares de María a pedir escasos rescates de calmantes, cada vez que ella gritaba de dolor porque le cambiaban la vía de brazo, procedían a su aseo o, literalmente, se asfixiaba.
Las últimas palabras que María susurró fueron «agua» y «socorro». Pero aún no había llegado lo peor.
Con el paso de los días, su agonía fue tornándose más silenciosa, aunque no menos atroz. Los gritos fueron transformándose en gemidos y estos acabaron reducidos a muecas de indescriptible dolor.
La paciente, incapaz ya de comunicarse, necesitaba presentar un semblante lo suficientemente convincente para, a juicio de quienes la observaban, conseguir una pequeña nueva dosis de morfina que le aliviase poco y tarde.
Los de María y Luis no son casos aislados. Más de 80.000 personas, cada año, mueren en nuestro país a consecuencia de su estado terminal irreversible, todas ellas tienen derecho a morir sin verse forzadas a una agonía hospitalaria o domiciliaria larga y cruel, sea cual sea su opción final, sea cual sea su fe.
En lugar de eso, se enfrentan a la imposición tiránica del pensamiento totalitario de facultativos y facultativas que, desde su posición de autoridad, poder e impunidad, se erigen en deidades todopoderosas, para determinar cuándo y cómo sus pacientes deben abandonar este «valle de lágrimas».
Saben que si sedan profundamente a los moribundos, hasta el punto en que estos pierdan la consciencia, dejan de sufrir, sus defensas se reducen y su agonía es más breve. Es por eso que muchos prolongan con crueldad la fase previa a la muerte, alegando que, de otra forma, les estarían matando.
Ayer les toco sufrir esa indignidad a María y Luis, mañana, si no ponemos remedio, tarde o temprano, a todos nos llegará ese momento.
Urge reducir los tiempos para la aplicación de la muerte asistida, como también urge regular el período «premortem» de los pacientes terminales, de manera que ningún fundamentalista criminal pueda imponerles ningún credo en la última fase de su vida, condenándoles a una muerte larga, lenta y desgarradora.
Exijamos a nuestros representantes en el Poder Legislativo, un protocolo médico de actuación, que ponga fin de forma efectiva, rápida y obligatoria, al sufrimiento de los enfermos y los heridos terminales, mediante la administración de una sedación que anule su consciencia, dado que es la única forma de evitar la tortura de los síntomas refractarios.
Necesitamos y merecemos una ley que, por supuesto, contemple el derecho a la objeción de conciencia para aquellos médicos que a ella quieran acogerse, pero que termine, de una vez, con el miedo de otros muchos facultativos a verse marginados en el ejercicio de su profesión, por fanáticos con poder y su ley del silencio.
No se trata de acortar la vida de los moribundos, como algunos profesionales de la medicina defienden con un maquiavelismo perverso, sino de dignificar y aliviar la muerte, un derecho inalienable y una simple cuestión de humanidad.