El Gobierno no abandonará su proyecto de modificación de la ley de libertad religiosa de 1980, a pesar de que el PSOE no ha expresado un gran entusiasmo por ello. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega insistió ayer en que el objetivo es adaptar la ley a la nueva realidad de la sociedad española y que eso pasa por incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de conciencia.
En su comparecencia en el Senado, para explicar sus proyectos de legislatura, De la Vega incidió en que la reforma no irá contra nadie y que no vulnerará el artículo 16 de la Constitución, sino que lo refuerza cuando detalla que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". De la Vega reiteró que la ley de 1980 "ni mencionaba" el derecho a la libertad de conciencia y que esa actualización es más que necesaria. Pero abrir ese cuestión, que el Gobierno quisiera acotar a esa "actualización", podría suponer un gran debate sobre el laicismo, algo que los socialistas no tienen en sus planes para esta legislatura.
La vicepresidenta añadió que la normativa tampoco tiene en cuenta otros avances que ha marcado el Tribunal Constitucional, como los límites de la libertad religiosa, al dejar claro, en el campo de la educación, que esa libertad no es compatible con la separación de sexos en escuelas, por ejemplo. La vicepresidenta se refirió a la reforma de la ley electoral y anunció que el Gobierno pedirá el día 27 al Consejo de Estado un informe que deberá permitir el debate con todos los grupos.
