Propone mejorar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reforzando a su presidente y a los relatores y expertos
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que los países de la UE están "dispuestos a tomar medidas conjuntas para combatir cualquier incitación al odio religioso", pero avisó, no obstante, de que "es fundamental distinguir la legítima expresión de crítica de la incitación al odio".
De la Vega intervino hoy, en representación de la presidencia de turno de la UE, ante la XIII sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que comenzó hoy en Ginebra y llamó a todos los países a "superar el debate estéril sobre el concepto de la difamación de religiones".
La vicepresidenta advirtió de que este término "puede generar confusiones y llevar a resultados contraproducentes desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos".
El concepto de "difamación de religiones" lo incluyó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una resolución contra la intolerancia religiosa que se aprobó el año pasado a petición de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI).
El término motivó que los países europeos, Chile y Canadá terminasen votando en contra del texto –alegando que jurídicamente son las personas las que pueden ser objeto de difamación– y despertó críticas de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que temen que ese concepto abra la puerta a perseguir cualquier crítica a la religión.
DEFIENDE LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES
En su intervención, la 'número dos' del Gobierno español opinó que para combatir el odio religioso un paso "en la buena dirección" es la Alianza de Civilizaciones promovida por España y asumida por la ONU. Por eso, confió en que "este tipo de iniciativas de colaboración entre países y regiones puedan desarrollarse y extenderse en las labores habituales del Consejo de Derechos Humanos".
De la Vega aprovechó para expresar el apoyo a una iniciativa del grupo de países latinoamericanos para combatir la violencia sexual contra los niños y confió en que se acabe plasmando en una resolución de la ONU.
MEJORAS DEL CONSEJO
Por otro lado, la vicepresidenta abogó por "introducir mejoras" en el funcionamiento del propio Consejo de Derechos Humanos –la sesión en la que intervino está dedicada precisamente a este asunto– empezando por reforzar el papel de su presidente.
En la misma línea, subrayó que hay que tomar medidas para que el 'Examen Periódico Universal' al que se someten todos los países funcione correctamente, con "universalidad y transparencia", y que hay que fortalecer a los relatores, expertos y grupos de trabajo del Consejo que trabajan sobre el terreno, para que cuenten con "plena colaboración" de todos los países y que su "independencia y solvencia" estén aseguradas
De la Vega avisó además que el Consejo debe evitar que su propia revisión del 2011 cree un vacío de protección, "especialmente ante situaciones en las que se ve gravemente comprometido el respeto a derechos humanos".
PRIORIDADES EUROPEAS
Además, expuso algunas de las prioridades de la presidencia española de la UE en materia de Derechos Humanos, como la creación de un Observatorio para la Violencia de Género y la orden europea de protección para las víctimas, aunque esta iniciativa se enfrenta a obstáculos por las grandes diferencias que existen entre los sistemas legales de los Veintisiete.
Recordó asimismo el empeño del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de promover una resolución a favor de una moratoria de la pena de muerte desde 2015, un texto que debería debatirse en la 65 Asamblea de la ONU el próximo septiembre en Nueva York.
