Interior de la Mezquita Catedral de Córdoba, el monumento inmatriculado por la Iglesia más conocido. PACO PUENTES
En un país aconfesional, no hay que nombrar alcaldesas perpetuas a las vírgenes, ni inscribir propiedades solo con la firma del obispo, ni dejar que las capas magnas cardenalicias deslumbren al poder democrático
La noticia pasó con sigilo: la Virgen de la Soledad fue declarada el pasado mes de noviembre alcaldesa perpetua de Sant Vicenç dels Horts. Los liberales de Ciudadanos propusieron a la venerada Madre de Dios para la alta dignidad civil. Contaron para ello con el concurso entusiasta del Partit dels Socialistes de Catalunya, el más votado en las pasadas elecciones municipales y que ostenta la alcaldía de la población del Baix Llobregat. Según el primer edil, Miguel Comino (PSC), vivir en “un Estado aconfesional no quita para que reconozcamos a entidades religiosas”, como la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad que ha cumplido 20 años y según el alcalde ha ayudado a colocar a Sant Vicenç dels Horts en el mapa por lo menos de la Semana Santa.
El caso es que la cofradía es un ejemplo de sincretismo: sus pasos de Jueves Santo parten después de que suenen Els Segadors y el himno nacional español en perfecta armonía. Oriol Junqueras, bastón en mano, presidió la procesión en sus años de alcalde de la localidad. No sorprende que, con tanto fervor, ni en la Cataluña procesista ni en la España aconfesional haya un centenar largo de Madres de Dios erigidas en alcaldesas perpetuas, eso sin contar con las condecoradas, como esa Virgen del Amor a la que el ministro popular Jorge Fernández Díaz concedió la medalla al mérito policial sellada por los tribunales. La Audiencia Nacional en su sección contencioso-administrativa desestimó por tres votos contra dos el recurso presentado por Europa Laica y luego el Tribunal Constitucional no apreció “trascendencia constitucional” en el asunto.
Que lo sagrado es un campo de minas en España lo sabe bien la ministra Isabel Celáa, a quien le estallaron varias bajo sus pies por atreverse a decir que la libre elección de centro escolar no emana de la Constitución. Claro que tampoco nace de la Ley Suprema que el día de la Inmaculada Concepción sea festivo cada año. Pero gobierne Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy o Pedro Sánchez el 8 de diciembre no desaparece como festivo, a pesar del puente que genera con el día de la Constitución. Ni políticos ni patronal se han atrevido a reducir al estado de día laborable la festividad de la Inmaculada Concepción, so pena de que algún prelado —revestido de Pedro el Ermitaño y sin otra autoridad que ser pura jerarquía eclesial— organice una cruzada para defender que la Virgen nació sin pecado original. Cardenales con capa magna siguen siendo autoridades civiles en esta España berlanguiana de conservadores, liberales, socialistas, podemitas e independentistas salpimentados con tics propios de quienes desconocen profundamente a la Iglesia pero se sienten fascinados por su pompa y boato, por un mal entendido sentido de la espiritualidad o por el peso sociológico de la tradición nacional-católica.
El caso es que a esa izquierda a la que se le calienta la boca hablando de los privilegios eclesiales le falta valor a la hora de acometer políticas que acaben con esa situación de privilegio que supone un agravio no solo para otras confesiones o para los no creyentes sino para muchos fieles que comparten la fe católica. Tal como informó hace unos días este diario, resulta insólito que el Ministerio de Justicia de un Gobierno socialista lleve ante los tribunales una decisión de sentido común del Consejo de la Transparencia. Este organismo ha obligado al Ejecutivo a hacer pública la relación de los 30.000 bienes registrados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias a la Ley Hipotecaria franquista de 1948 rehabilitada por Aznar. Los bienes podían ser inmatriculados —registrados por primera vez— sin necesidad de presentar documentación que acreditara propiedad alguna. Como corresponde a un país machadiano que ora y bosteza, bastaba con la firma del obispo. Ayuntamientos y particulares esperan que esa relación se haga pública para tratar de recuperar propiedades en los tribunales. El Gobierno anunció en 2018 que podía reclamar cerca de 3.000 bienes inscritos por la Iglesia por ser de dominio público. Pero ahora pleitea para que no se haga pública la relación.
No todas las diócesis se han comportado de la misma manera ante esa ventana de oportunidad brindada por el aznarismo. Frente a la prudencia de algunos obispados, ahí está la inscripción de la denominada Mezquita-Catedral de Córdoba como bien eclesiástico. En cualquier caso, una medida arbitraria como la inmatriculación no puede contar con el cómplice encubrimiento de un “Gobierno social-comunista”, en profética y reciente terminología del cardenal Cañizares.
En un país aconfesional, hay que dejar de nombrar alcaldesas perpetuas a las vírgenes, evitar que los obispos puedan inscribir propiedades sin más requisito que su firma y sobre todo que el poder democrático no se deje deslumbrar por la vistosidad de las capas magnas cardenalicias.
