El PP ha construido un sistema educativo y sanitario que ha permitido la entrada del capital privado en los servicios públicos, ofrecidos a la carta. La formación considera que los madrileños respaldan su modelo porque llevan gobernando 25 años
«Pagar impuestos es decidir sobre los que tienen que estar a tus órdenes y a tu disposición», espetó Pablo Casado en enero de 2019 cuando presentaba a sus candidatos para ganar Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Las palabras del líder del PP resumen la esencia sobre la que se ha construido durante más de dos décadas la política educativa y sanitaria en la región: que cada ciudadano tiene derecho a elegir el hospital o el colegio que quiera. Que un «burócrata» no te diga «lo que tienes que hacer», dijo Casado en aquel acto en el que reivindicó el legado de dos décadas del PP en la capital. La premisa ha servido a los conservadores durante todo este tiempo para introducir el capital privado en los servicios públicos bajo la promesa de una sanidad y una educación a la carta. Una especie de mercado donde se puede escoger. Y también desechar.
Las cifras muestran los frutos de un modelo público-privado amasado desde los primeros 2000, cuando las comunidades autónomas recibieron las competencias en materia educativa y sanitaria. El gasto público que va a las aulas y a los centros sanitarios todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis, según los últimos datos de sendos ministerios, correspondientes a 2018. En educación sigue siendo menor al de 2008; en sanidad, está por debajo de los datos de 2011 aunque ha ido creciendo considerablemente.
Entrando en el detalle, Madrid invierte uno de cada cinco euros que gasta en educación en la escuela concertada, uno de cada tres alumnos está matriculado en estos centros y la financiación ha seguido creciendo año a año pese a que la crisis dejó en mínimos la inversión en la pública. Es una de las regiones españolas que mejores resultados saca en PISA, pero también la más desigual. La segregación económica de sus aulas alcanza el nivel de Hungría o Rumanía, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid.
En la sanidad pasa, salvando las distancias, algo similar. La inversión en hospitales de gestión privada ha crecido tres veces más en los últimos cuatro años que en los públicos (19,4% vs. 6,4%), según un estudio de UGT. Los grandes centros de referencia han quedado «descapitalizados», concluyó un informe preliminar de la Cámara de Cuentas relativo al periodo 2011-2015, mientras las derivaciones de pacientes van en aumento. También escalan, en la misma medida, las facturas que cobran las empresas gestoras por atenderlos. Una operación en un hospital externalizado cuesta hasta seis veces más que en uno público, según el órgano que se encarga de la fiscalización de las cuentas en la región.
«En Madrid, la educación y la sanidad públicas no se han concebido como derecho sino como una actividad que se desarrolla con financiación de todos pero con un eje mercantil, convirtiendo a los ciudadanos usuarios en consumidores que eligen al proveedor de servicios que más le interesa», analiza Luiz Zarapuz, economista del gabinete económico de Comisiones Obreras. Sobre este modelo, un colegio público puede encontrar en otro colegio vecino –también público o concertado– un competidor por los mejores alumnos. Y un hospital termina midiéndose con otro por atraer a más pacientes. «La competitividad con transparencia creo que es positiva, pero no desde el punto de vista mercantilista», defiende Alfonso Serrano, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y diputado en la Cámara regional desde 2011.
Su partido considera que las urnas son la mejor muestra de que los madrileños avalan el modelo, que ha explotado hasta el límite los sistemas de colaboración público-privada. Las privatizaciones fueron apuntalando el feudo más visible y duradero de los conservadores hasta que se toparon con sus propios límites. O más bien se los pusieron: la justicia paralizó el mayor plan privatizador del PP en 2014, que pretendía subastar la atención sanitaria de más de un millón de ciudadanos.
Las políticas educativas y sanitarias en Madrid tienen otra cosa en común. Ambas generaron amplias movilizaciones ciudadanas en contra, las llamadas Marea Verde y Marea Blanca. Nacidas al calor de los recortes de Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, en Madrid, en un contexto de tijeretazos en toda España los movimientos fueron contestados en público por el Gobierno regional –pasará a la historia la imagen de la expresidenta bajando una pancarta a una sanitaria que protestaba contra la privatización durante una visita oficial a un hospital– y se convirtieron en un objetivo a combatir por aquella administración del PP a través de campañas de desprestigio.
El modelo aplicado por el PP a estos servicios públicos, además, está rodeado de sombras porque fue un vehículo para engordar la caja B del partido, según las investigaciones judiciales en curso. El exvicepresidente regional, Francisco Granados (imputado y encarcelado en la Operación Púnica), se lucró presuntamente con la construcción de colegios concertados en terrenos cedidos por ayuntamientos del mismo color político, y la cláusula del 1% presente en todos los contratos de obra pública de la Consejería de Sanidad entre 2007 y 2013 para promocionar nuevas infraestructuras –en este caso una ristra de hospitales– terminó financiando actos electorales o directamente en el bolsillo de algunos dirigentes.
El «shock» en los hospitales
Todo comenzó en la época de vino y rosas. El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón inauguró la transferencia de competencias sanitarias a Madrid prometiendo una sanidad a la carta. Aguirre recogió el guante de aquella declaración de intenciones y se hizo a sí misma como candidata en el año 2003 a base de prometer hospitales. Quiso hacer siete centros de golpe a costa de regar con dinero público a empresarios de multinacionales dispuestos a levantarlos a cambio de un canon y la gestión no sanitaria. Otros cuatro, oficialmente de la red pública (Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Torrejón de Ardoz y Villalba) se entregaron íntegramente a empresas gestoras siguiendo el modelo Alzira, importado de la Comunitat Valenciana. La operación se basó en el argumento de que los madrileños no verían mermado su acceso a los servicios, daba igual quién lo gestionara, y en una eficacia gestora que nunca se pudo demostrar.
Los planes no salieron bien del todo. El Gobierno de Ignacio González presentó a finales de 2012 -dimitida ya Aguirre- un proyecto para privatizar del todo los seis hospitales de gestión mixta que vendió la expresidenta en la campaña de 2003 (ya estaban construidos) y un puñado de centros de salud. Aguirre defendió que el sistema sanitario «estaba a punto de morir de éxito». «Cuesta mucho más de lo que podemos pagar», escribió en una columna en el periódico ABC el 3 de diciembre de 2012, en la que mostró el plan de su sucesor como una receta para que el sistema no «colapsara».
La entonces consejera de Educación, Lucía Figar, planteó el mismo discurso para justificar los duros recortes de 2011, cuando los profesores asumieron por orden del Gobierno de Aguirre dos horas más lectivas a la semana. «Teníamos que elegir entre contratar interinos o pagar las becas», dijo Figar, imputada actualmente por la trama Púnica. Años después, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la instrucción desveló que el Gobierno de Aguirre había pagado con dinero público una campaña al conseguidor de la trama para desprestigiar a la Marea Verde, el colectivo de profesores de la educación pública que protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid.
El proyecto sanitario fue tumbado por los tribunales a principios de 2014 tras una intensa movilización profesional. La justicia paralizó cautelarmente las adjudicaciones de los hospitales a las empresas candidatas y el Gobierno regional dejó caer el plan y, con él, al consejero de Sanidad que lo había comandado, Javier Lasquetty. Seis años después, el cargo ahogado por la Marea Blanca se sienta en el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y está a los mandos de la política fiscal de la región más rica de España, con 20.000 millones de presupuesto anual. Otro de los arquitectos de aquel proyecto, Antonio Burgueño, entonces director general de hospitales, también ha sido repescado por Ayuso para otro fallido plan para medicalizar las residencias de mayores en la pandemia.
«El plan de 2012 fue un shock. Pensamos que se habían vuelto locos porque eran demasiadas medidas radicales en un solo documento», recuerda el diputado socialista y médico José Manuel Freire, que entonces ya era el responsable de Sanidad del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid. El portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Alfonso Serrano, revisa también ocho años después esa decisión fallida: «Obedeció a un momento de crisis. Había que optimizar recursos… Pero eso está superado, aunque creo que algunos -en referencia a la oposición- siguen instalados en ese discurso».
En 2019, la Cámara de Cuentas de Madrid certificó que no había pruebas de que la privatización fuera más «eficiente». El organismo alertó, además, del abandono de los hospitales íntegramente públicos y de la «reducción drástica» del presupuesto dedicado a «construcción, reposición y mejora de edificios» entre 2011 y 2015. «La diferencia entre los créditos anuales y las necesidades de inversión han derivado en un envejecimiento de las instalaciones», decía el informe, de cuyas conclusiones finales desaparecieron los puntos más duros del documento inicial tras las alegaciones de, entre otros, Javier Lasquetty. El actual consejero argumentó que el informe, elaborado por la consejera de la Cámara de Cuentas Mónica Melle, nombrada a propuesta del PSOE, contenía «exageraciones».
El dinero sigue al paciente
El aborto de la privatización más dura dejó al PP quemado electoralmente -al año siguiente perdió por primera vez la mayoría absoluta- y sin horizonte de gestión, pero no impidió la continuación de lo que ya estaba ejecutado. Pese al resbalón judicial, Madrid tenía en 2014 seis hospitales con algunos servicios privatizados y cuatro totalmente en manos de empresas. El ecosistema ha favorecido los desmanes en los gastos, denunciados en la Fiscalía por el grupo parlamentario regional de Podemos en la Asamblea de Madrid. A día de hoy es casi imposible desentrañar la fórmula que sirve para compensar a estos centros porque los conceptos no se separan y los añadidos (por lista de espera, facturación extra u otros motivos) hacen crecer exponencialmente las asignaciones anuales iniciales.
«Los abusos en privatizaciones son especialmente dañinos en la imagen de lo público. Si hay controles, puede funcionar. Funciona en la socialdemocracia sueca, por ejemplo. Pero tiene que estar bien ejecutado y permitir a todos la libertad para elegir. Y no una falacia de libertad», valora Víctor Lapuente, catedrático en Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
Para organizar la nueva estructura hospitalaria -con tres modelos diferentes de centros- el PP tuvo que dotar al sistema de sus propias normas. Los hospitales de gestión privada cobran un fijo por cada tarjeta sanitaria. Este saldo se engorda o se adelgaza en función de los pacientes que no son de zona y eligen el centro (suma) y de los que rechazan acudir a su hospital de referencia y optan por otro (resta).
Así ganan pacientes los hospitales privatizados y los pierden los públicos
Saldo neto entre las citas entrantes (pacientes que provienen de otro hospitales) y las citas salientes (pacientes que eligen otro centro hospitalario) en los hospitales privatizados (5) y públicos (19) en el sistema de libre elección de la Comunidad de Madrid
A Flourish chartFuente: Comunidad de Madrid
«La frase de Burgueño era: el dinero sigue al paciente. Esa premisa ha creado un sistema perverso porque, además de seguirle, tú le dices a dónde tiene que ir. Y así, con el paso de los años, se han ido detrayendo recursos de la sanidad pública», resume Carlos Castaño, presidente de AFEM y traumatólogo en el hospital Gregorio Marañón. Si se toman los datos de citas con el especialista por cada hospital, el resultado de la libre elección es positivo para los centros de gestión privada pero negativo para los públicos: es decir, en estos últimos salen más pacientes que entran.
En 2020, este sistema descapitalizado y desigual ha tenido que hacer frente a la peor epidemia en los últimos 80 años. Aún no se había recuperado de los recortes. En 2018, el último ejercicio recogido en las memorias del Servicio Madrileño de Salud, había menos camas de hospital que una década antes: 14.334 frente a 14.457 en 2008. Durante la pandemia que ha colapsado la sanidad madrileña, el Gobierno no ha podido contar con 250 camas comprometidas en los planes obligatorios de ampliación de los hospitales semiprivatizados porque las concesionarias no las han instalado. Además, el gasto sanitario sigue siendo menor que en 2011: 8.388 millones de euros en 2018 frente a 8.438, según la estadística del Ministerio de Sanidad, pese a que la población con derecho a asistencia pública ha aumentado un 7,4% en estos años.
1.000 millones a la escuela concertada
El modelo educativo del PP en los últimos 25 años ha transitado por un camino paralelo al sanitario. Sin llegar a abrir las aulas públicas a empresas privadas, el sistema reposa en cuatro pilares: la apuesta por la escuela concertada (sostenida con fondos públicos), la libertad de elección, el biligüismo y la excelencia.
En 2018, Madrid todavía no había vuelto a los niveles de gasto público en educación previos a la crisis: 5.219 millones frente a los 5.283 de 2008. Es la región que menos invierte pero está a la cabeza en el trozo del pastel presupuestario que dedica a la concertada. Los colegios con concierto tienen un peso inusual en la financiación global: se llevan un 20% de la inversión anual, cinco puntos por encima de la media en España.
La crisis no alteró sus partidas mientras la tijera se cebó con la escuela pública en los años más duros. El porcentaje de presupuesto destinado al modelo concertado ha aumentado año a año. Si en 2008 suponía el 14,9% (776,5 millones) del total de la partida educativa, una década después ha escalado hasta el 19,7% (1.019 millones), según datos del Ministerio de Educación.
El PP siempre ha justificado que, si invierte en la concertada, es porque hay «demanda». Uno de cada tres alumnos estudian en colegios privados financiados por fondos públicos (30%) y uno de cada dos, en público (54%). Las escuelas concertadas siguen cobrando cuotas a las familias pese a que este cobro no es legal, ante la inacción de las administraciones. Solo una presidenta, Cristina Cifuentes, puso tope –más estético que real– al avance del tren de los conciertos. Prometió que no abriría ninguno en su legislatura, aunque siguió autorizando aulas en los que ya existían.
Otra de las medidas más trascendentes para explicar la situación actual de la educación de Madrid es la desaparición de las zonas a la hora de elegir colegio. El Gobierno de Aguirre hizo de la región un área única, como en la sanidad. Vivieras donde vivieras podías optar a cualquier colegio o instituto. La iniciativa se vendió como un modo de permitir a las familias escoger, mezclarse y no atarse a un barrio concreto. Casi como una medida que favorecía la heterogeneidad.
Los expertos constatan, sin embargo, que ha podido contribuir a la segregación.»Esta política abre la educación a la libertad de oferta. Pero, ¿todos pueden elegir? Las familias mejor posicionadas probablemente pueden entrar en esa competición por las mejores escuelas. Las que no, terminan segregadas», explica Cynthia Martínez-Garrido, profesora de métodos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y coautora de un estudio que vincula las políticas educativas del PP a la elevada desigualdad socioecónomica en las aulas madrileñas.
«La excelencia, no la mediocridad»
Según la investigación, publicada en la Revista de Sociología de la Educación y basada en los datos de PISA de 2015, el 45% del alumnado de la región tendría que cambiarse de centro escolar para que los institutos integraran a todas las clases sociales. Este alto porcentaje sitúa a Madrid como la comunidad autónoma de España con más segregación en las clases, a la altura de países como Hungría y Rumanía. En la práctica, las cifras se traducen en que hay colegios por encima de su capacidad (con bibliotecas convertidas en aulas) y otros que hacen buzoneos en el vecindario para promocionarse. Todos son públicos.
Dentro de la ecuación educativa madrileña hay otro factor clave: el bilingüismo. Fue la iniciativa estrella de la expresidenta Aguirre. Arrancó en 2004 y desde 2013 todos los centros nuevos aplican el modelo de manera automática. Sus detractores -muchos docentes que ven colgar el cartel de bilingüe en centros de al lado y, automáticamente, observan cómo caen sus matriculaciones- aseguran que excluye a los chicos y chicas que no tienen apoyos en casa para seguir las clases de Science (Conocimiento del Medio) íntegramente en otro idioma. El sistema también distribuye al alumnado en función del nivel: unos dan más horas de inglés (sección) y otros, menos.
«En Madrid hemos querido garantizar la oportunidad; no la igualdad por debajo, no la mediocridad sino la excelencia», defiende el popular Alfonso Serrano, que asegura que el «modelo ha sido copiado en otras comunidades autónomas». La Comunidad llegó a crear, durante el mandato de Ignacio González, una web para comparar centros en función de las notas en las pruebas externas (precuela regional de las fracasadas reválidas), en las de inglés y en la selectividad. Sigue funcionando también, con un reducido número de alumnos (no llega a 1.000) el Bachillerato de Excelencia, un programa experimental diseñado por Aguirre para la élite académica, los alumnos con las mejores notas. Muchos años después, tras una experiencia piloto en el IES San Mateo, el proyecto se ha extendido por apenas 15 centros de la región con algunas sombras.
En el mandato actual, con Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid en coalición con Ciudadanos, el PP promete más de lo mismo. «No nos hemos escondido en defender un modelo de colaboración público-privada. Cuando se trata de avanzar en bienestar, se puede trabajar de la mano», avanza el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, que cree que la izquierda demoniza su modelo. El Gobierno regional acaba de duplicar los fondos para los cheques bachillerato, que sirven para financiar con dinero público esta etapa educativa no obligatoria en colegios concertados donde ya es de pago, y ha puesto en marcha de urgencia un hospital de pandemias de 1.000 camas que ha levantado a los sanitarios. Se desconocen todavía los pormenores de cómo va a gestionarse.
