La organización de origen español denominada Europa Laica, lleva ya tiempo realizando campañas contra el financiamiento público del gobierno español a la Iglesia católica. La más reciente, es la iniciada para este 2013 en la que promueven suprimir de la Declaración de la Renta, una casilla en la que el contribuyente autoriza al Estado, otorgarle un porcentaje del ingreso público a la Iglesia católica. De acuerdo con Europa Laica, el Estado español le da a dicha iglesia más de 11,000 millones de euros anuales; es decir, un promedio de 260 euros por contribuyente. El argumento principal de la organización es lo que desde este espacio, o en foros académicos, o en reuniones con legisladores y actores políticos, o en ensayos, hemos venido diciendo: que hay un modelo de estado laico religioso que disfraza en la palabra “laico” la no confesionalidad del Estado pero que, claramente, otorga privilegios y prerrogativas a la Iglesia católica. Dicho en palabras de Europa Laica, quedaría expuesto en los siguientes términos: “Después de 35 años de democracia formal y con una Constitución que […] establece que ‘ninguna confesión tendrá carácter estatal, las relaciones del Estado con la Iglesia católica en materia económica, no sólo sigue con la misma orientación que en la dictadura, sino que, en términos cuantitativos, se ha acrecentado considerablemente; ello significa que, en la práctica, es un Estado confesional”.
Nuestro país, parece ir con ansia desesperada contra la dinámica de la sociedad española. Mientras allá el 65% de la población está en contra del financiamiento público, aquí los donativos al Teletón (cuyo poder real no sólo está en Televisa sino en los Legionarios de Cristo) desde un peso de un niño hasta millones sacados de las arcas públicas por gobernadores y presidentes municipales van en aumento. Mientras en España la sociedad civil organizada, los estudiantes, los sobrevivientes de la dictadura franquista y millones de españoles salen a la calle para exigir que la materia optativa de religión deje de ofrecerse a los alumnos de educación básica, acá los legisladores de algunas entidades de la República han nulificado la fracción I del artículo 3ro Constitucional por la reforma hecha al artículo 24. La nulidad de dicha fracción se da porque los legisladores no armonizaron los textos constitucionales y mientras que en el 24 desaparece la libertad de creencias (para ahora aparecer libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas), en la fracción I del 3ero sigue vigente un derecho que ya no existe (que es el de libertad de creencias).
Seguramente, en algunos años, cuando acá en nuestro país comience a destinarse abiertamente dinero público para el mantenimiento de la Iglesia católica, compra de inmuebles religiosos, etcétera, en España habrán logrado eliminar el financiamiento público a dicha iglesia. Advertir, una y otra vez, de estas intenciones es responsabilidad de todo ciudadano.
