“El Valle de los Caídos es un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”
Aunque no se contempla en la norma la desacralización del templo, la nueva ley declara que “las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil”
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato está bajo control de Patrimonio Nacional, en tanto que recibe fondos públicos, pero cuya gestión efectiva corre a cargo de los monjes benedictinos al cuidado de la basílica y el monasterio enclavados en la sierra de Cuelgamuros, tiene los días contados para su extinción.
Exactamente, los que tarde el Gobierno de coalición en sacar adelante la nueva Ley de Memoria Democrática, que la declara extinguida, y entre en vigor el real decreto con “el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”, del mismo, según recoge la norma, que el pasado día 4 recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional del Congreso dos años después de iniciados los trámites.
Función conmemorativa y didáctica
Las especificaciones sobre el Valle de los Caídos -uno de los aspectos más espinosas de la ley, como ya lo fue en la que sacó adelante en 2007 el Gobierno de Zapatero- está recogido en la sección 4ª del proyecto, la que “regula los lugares de memoria democrática, que tendrán una función conmemorativa y didáctica, para los que se crea un inventario como instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos”.
En cuanto al Valle de los Caídos, “además de mantener las normas ya recogidas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que permitieron la salida de los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo, se enfatiza su resignificación como lugar de memoria democrática con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes”.
Incompatible con los valores constitucionales
Finalmente, se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”.
Asimismo, se declara que “las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil” y que en ella “solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas”.
Sacar a José Antonio de la basílica
Al igual que sucedió con los restos de Franco, la nueva ley desalojará del lugar central de la basílica los restos de José Antonio, el fundador de la Falange, puesto que contempla “la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”.
En su conjunto, añade la ley, “el Valle de los Caídos es un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Pero en esa resignificación no se menciona que conlleve la desacralización de la basílica, como sí habían pedido los elementos más anticlericales.
Abordar el futuro de la comunidad benedictina
En este sentido, aunque no se cita para nada, habrá de abordarse el papel que a partir de la aprobación de la ley tendrá la comunidad benedictina allí instalada desde finales de los años 50 del siglo pasado, y siempre objeto de controversia al considerar algunos que tienen que desaparecer del lugar, al que consideran de esa manera “reducto del nacionalcatolicismo”.
Como ya sucedió durante la tramitación de la ley de Memoria Histórica impulsada por el Ejecutivo socialista de Zapatero, esta controversia acaba salpicando a la jerarquía eclesial, y no sólo a la competente jurisdiccionalmente (el Arzobispado de Madrid), sino a la Conferencia Episcopal, como demuestra el hecho de que hace unos años, el entonces presidente de los obispos, el cardenal Ricardo Blázquez, llamase al orden al prior de la abadía.
Conversaciones con Omella… ¿y con el Papa?
No hay duda de que este tema ha sido abordado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el cardenal Omella, actual presidente del Episcopado, y no sería extraño que la cuestión hubiese salido en el encuentro «inspirador» que mantuvo con el papa Francisco hace unas semanas en el Vaticano.
La Iglesia española no se va a encastillar en esta cuestión como en algún momento se pudo pensar que estaban haciendo los benedictinos (jaleados por los sectores más ultras de la derecha política, con Vox a la cabeza, pero también Neos), pero tampoco consentirán un desalojo por las bravas. Quizás baste con que se cambie a una congregación por una asociación como la Comunidad de Sant’Egidio.
