Durante casi 70 años, la Iglesia Católica ha gozado de un privilegio que ningún otro particular, ni asociación, ni organización privada ha tenido. Ese privilegio ha consistido en apropiarse de bienes inmuebles con solo decir: “Esto es mío y me lo pongo a mi nombre”. Este ha sido, en esencia, el lema de las inmatriculaciones (así se llama técnicamente al hecho de registrar por primera vez una propiedad en el Registro de la propiedad privada) que ha realizado la IC. De este singular modo ha registrado a su nombre solares, jardines, ermitas, fincas rústicas, calles, garajes, pisos, murallas, catedrales y otros muchos monumentos públicos (algunos de ellos patrimonio de la humanidad, no solo de los españoles)
La IC ha aumentado su patrimonio a costa del de los españoles al menos desde 1946, cuando Franco les permitió iniciar el fraude de las inmatriculaciones de edificios no religiosos. En 1998 Aznar les amplió el privilegio a los edificios de uso religioso. El escándalo de las inmatriculaciones alcanzó tal magnitud que en 2015 M.Rajoy se vio obligado a acabar con este desmán, eso sí dándole a la IC tiempo de sobra para apuntarse unos cientos más de inmatriculaciones. Y llegamos al 2021. El gobierno de coalición ha publicado los 34961 inmuebles inmatriculados por la IC desde 1998. Y en lugar de anular esas inscripciones (como prometieron que harían ambos partidos de la coalición si llegaban al poder) y obligar a la IC a presentar documentos acreditativos de lo que dice que es suyo, deja en manos de particulares e instituciones las acciones legales para recuperar el patrimonio público. Resulta paradójico que el Estado que ha peleado con uñas y dientes por recuperar para la ciudadanía el pazo de Meirás, sea el mismo que ahora se desentiende de las miles de propiedades de las que se ha apropiado la IC por el burdo método del “es mío porque yo lo digo”. ¿Un pazo sí merecía la pena pelearlo pero decenas de miles de monumentos históricos no? ¿Desidia? No lo creo.
A nadie se le escapa que entre el actual gobierno y la IC hay un acuerdo opaco: paz social a cambio de patrimonio. La Iglesia ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad de influir en política desde los púlpitos y medios de comunicación. Sin embargo, la exhumación de Franco, la ley Celaá, la ley de regulación de la eutanasia, la propuesta de Ley Trans, no han recibido demasiada contestación por parte de la IC, ni en las calles ni en los medios. Una cosa a cambio de la otra. El gobierno deja pasar el expolio inmobiliario a cambio de que la IC no sea beligerante contra las leyes del ejecutivo.
Esta situación no debería dejarnos impasibles a nadie. El patrimonio histórico y cultural de nuestro país no es de izquierdas ni de derechas: es de todas y todos. Pero si nadie lo remedia (y pronto), nuestros monumentos (de incalculable valor) pasarán a ser definitivamente propiedad de la mayor Inmobilaria de nuestro país.
Esta situación no debería dejarnos impasibles a nadie. El patrimonio histórico y cultural de nuestro país no es de izquierdas ni de derechas: es de todas y todos. Pero si nadie lo remedia (y pronto), nuestros monumentos (de incalculable valor) pasarán a ser definitivamente propiedad de la mayor Inmobilaria de nuestro país. ¡Lástima!