Pese a campañas públicas contra las pseudociencias como #coNprueba, diferentes administraciones públicas contratan servicios de acupuntura, osteopatía y otro tipo de prácticas sin evidencia científica.
Los CPV son códigos que se usan en toda la Unión Europea para identificar qué es lo que se compra. Si una administración pública necesita adquirir zanahorias, el CPV de ese contrato es 03221112-4; si lo que toca es contratar un servicio de extinción de incendios, el 75251120; si se trata de una campaña de publicidad, el 79341400… La lista es enorme, y muy específica. Y muestra qué es lo que se compra o contrata y cómo se categoriza. Entre aquellos códigos destinados a servicios de salud, hay tres que tienen que ver con técnicas que no han demostrado su eficacia: quiropráctica, acupuntura y homeopatía.
El uso de los CPV fuera de España, en la práctica
Un ejemplo: la policía metropolitana de Londres contrató en 2020 un servicio veterinario para los perros policía. El CPV principal es servicios veterinarios, pero entre los secundarios, que incluyen qué tipos de servicios pueden incluir, están quiropráctica, acupuntura y homeopatía. Homeopatía veterinaria, claro.
En España, mientras el Gobierno pone en marcha una campaña contra las pseudociencias, llamada #coNprueba, aún encontramos a administraciones públicas comprando materiales o contratando servicios relacionados con estas técnicas.
Las conclusiones de uno de los informes de esta campaña, centrado en el uso de la acupuntura en algunos dolores, afirma que “no se han hallado diferencias significativas entre la intervención y el comparador o los resultados no han sido concluyentes en: acupuntura frente a placebo o tratamiento habitual en lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, artrosis de cadera, enfermedad reumatoidea, fibromialgia ni epicondilitis”.
Acupuntura para el dolor
Antes de que se publicara ese informe, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada contrató en abril de 2018 y a dedo (vía negociado sin publicidad) un servicio de acupuntura para su unidad del dolor. En concreto, querían a una persona que fuera tres horas y media al día, tres días por semana para tratar neuralgias, lumbociáticas y cefaleas con esta técnica. El contrato, de 33.912 euros por dos años, fue para María Dolores Caballero, coordinadora de un máster universitario en acupuntura que tuvo solo dos ediciones, la última en 2002, en la Universidad de Granada.
“Si tú lo analizas al completo, de manera filosófica, está claro que [la acupuntura] es una pseudociencia: hablan de meridianos, puntos energéticos y cosas así”, afirma el fisioterapeuta Rubén Tovar. Aunque habla de intentos de “occidentalización” de la acupuntura para que tenga una apariencia más científica, “simplemente limitándose a pinchar en el cuerpo”. Y eso, en algunos estudios, puede dar algún resultado analgésico, pero sigue sin servir para tratar ninguna enfermedad. “A mí me parece un engaño porque realmente la manera en la que se decide dónde se pincha, cuándo se pincha y cómo se pincha es a través de esa filosofía”, concluye.
La acupuntura, con todo el pack, es una pseudociencia. Pero existen varias terapias que sí tienen evidencia y que implican pinchar agujas en determinadas partes del cuerpo. Por eso encontramos varios contratos públicos en los que se habla de agujas de acupuntura, pero pueden ser para otros usos con más evidencia.
En 2021, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza intentó comprar en dos ocasiones (aquí y aquí, dentro de un contrato grande de diversos tipos de agujas) algunas de acupuntura. En el de agosto de ese año, por ejemplo, estimaban necesitar 27.500 agujas de acupuntura para 30 meses. Pero el lote quedó desierto las dos veces que se licitó.
El Ballet Nacional de España compró dos buscapuntos de acupuntura. Y varias mutuas adquieren este tipo de agujas. Como en Asepeyo, que además de comprar agujas incluye otros elementos sin evidencia científica como las ventosas para cicatrización, como se especifica en los pliegos de uno de sus contratos.
En este caso, aunque se les llame agujas de acupuntura en todos los contratos, realmente no podemos saber si esas agujas son para esa técnica, con todas sus creencias asociadas, o para punción seca, por ejemplo, que se utiliza dentro de la fisioterapia para relajar un músculo. De hecho, añade Tovar, “hay otras técnicas que también utilizan electroestimulación a través de la aguja. No necesariamente una compra de agujas de acupuntura significa que se practique la acupuntura en ese sitio.”
El contrato del Hospital Virgen de las Nieves de Granada pide un título oficial de médico-acupuntor, aunque el título oficial de acupuntor no exista. Eso sí, exige que la persona sea médica. Y es que, más allá de la evidencia científica -o su ausencia- lo cierto es que no existe ningún título oficial al respecto. Y, cuando los hay, no habilitan para ejercer.
¿Quién puede ejercer? ¿Y dónde?
El informe de la Organización Médica Colegial sobre la acupuntura, en el que prefirieron lavarse las manos y no entrar a valorar la eficacia de esta técnica, concluía en 2004 que es una técnica “de carácter invasivo que precisa un previo diagnóstico preferentemente por escrito según los postulados de la medicina tradicional china el cual sólo puede ser realizado por un médico que con visión integradora con la medicina occidental juzgue que es el tratamiento más adecuado o complementario para un paciente concreto”. Lo hacía porque, como marca la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno debe regular su práctica y docencia con el asesoramiento de la OMC. Por lo tanto, es solo una recomendación.
Y el Gobierno no ha regulado de forma específica esta cuestión. Eso sí, el decreto de centros sanitarios incluye las medicinas naturales, nombrando específicamente la homeopatía y la acupuntura como uno de los servicios que pueden ofrecer.
Esa norma establece que también estas actividades sanitarias se deben realizar en unidades asistenciales en las que “un médico es responsable de realizar tratamientos de las enfermedades por medios de medicina naturista o con medicamentos homeopáticos o mediante técnicas de estimulación periférica con agujas u otros que demuestren su eficacia y su seguridad”. La clave aquí está en que regula específicamente que debe realizarlas o coordinarlas un médico. “La norma no distingue si esas actividades son efectivas o no. Todas, sean terapias de verdad o pseudoterapias, son actividades sanitarias. Y la norma también exige que esas actividades sean practicadas por profesionales sanitarios” con titulación oficial, explica el abogado Fernando Frías.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo le da la razón: “La relación de ese tipo de actividades terapéuticas sobre las personas tiene una directa relación con la salud, de manera que a tenor del marco jurídico de aplicación, y su interpretación conforme con la naturaleza de las técnicas empleadas sobre las personas con la finalidad de curar o de proporcionar alivio, determina que resulte precisa la correspondiente autorización administrativa”.
Osteopatía para la tercera edad
Algo similar ocurre en varios contratos del Ayuntamiento de Pájara, en Las Palmas. Para un servicio destinado a los mayores del municipio piden, en el pliego, solvencia demostrada a través de diplomas “oficiales” de Chi Kung y Osteopatía. Un día antes contrataron también a un osteópata y quiromasajista y en esos pliegos también piden diploma “oficial” de quiromasaje y osteopatía.
“El rasgo más característico e identitario de la osteopatía es la manipulación. La manipulación son técnicas de alta velocidad donde típicamente suena clac, o sea, lo que viene siendo crujir los huesos. Y es una maniobra que no solamente utilizan los osteópatas, sino que también la hacen los quiroprácticos, hacen los fisios y los médicos que estén especializados en medicina manual”, explica. El problema, añade, es que no hay riesgo cero, especialmente cuando se trata de manipulación cervical. “En fisioterapia tuvimos un debate hace ya años y se llegó a la conclusión de que se tenía que ir abandonando ese tipo de técnicas, porque no es más efectivo crujir el cuello que no crujir y no hay ninguna manera de que te asegures al 100% de que esa persona no va a resultar dañada”, cuenta. Y añade que esta técnica está a la baja, prácticamente no se realiza, excepto por parte de fisioterapeutas que son osteópatas.
Pese a que no hay riesgo cero y que cree que las posibles secuelas están infradiagnosticadas y no es posible conocer la incidencia real, él no categorizaría la osteopatía como peligrosa en general. Eso sí, como en otras pseudociencias, ve el peligro en el posible abandono de otros tratamientos con más evidencia.
Para la presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, la formalización de este tipo de contratos implica diversos problemas. “Pones en riesgo la salud de las personas que puedan estar acudiendo”, explica Elena Campos, doctora en Biomedicina. A su juicio, “el mensaje que lanzan estas administraciones es que [estas prácticas] tienen una validez de la cual realmente carecen”. Y añade: “La persona de a pie tampoco tiene por qué estar formada en estas materias ni tener el conocimiento legal como para saber si lo que les ofrecen es válido o no”.
Los contratos públicos de este cariz se ven incluso en las instituciones académicas. Por ejemplo, la Universidad de Sevilla compró a Medos Editorial el pasdo mes de julio ocho ejemplares del libro Tratamiento osteopático de las algias lumbopélvicas por 696,20 euros, a más de 87 euros cada uno. Y, ¿quiénes son los propietarios de la editorial? La Escuela de Osteopatía de Madrid. Y está escrito por el director general de estudios de la propia escuela.
“Es un poco vergonzoso que, existiendo ya incluso un plan #coNprueba frente a la difusión de pseudociencia y pseudoterapias, se sigan contratando este tipo de servicios”, continúa Elena Campos. A su juicio, esta situación “choca con el plan #coNprueba”, ya que “indica que se está quedando en papel mojado”. “Lo que se ve con este tipo de contrataciones es que o bien hay un desconocimiento legal, que no exime de su cumplimiento y de que se estén cometiendo por tanto potenciales irregularidades, y por otra parte que hay una falta de responsabilidad completa por parte de estas administraciones”, continúa.
Para Tovar, el quiromasaje, si no promete tratar enfermedades y se trata como un mero masaje relajante, no es un problema: “La regulación es clara en ese sentido, alguien que dé masaje por placer es exclusivamente por placer, es decir, no pueden tratar pacientes”. El problema, subraya, es que muchos quiromasajistas sí se publicitan para tratar problemas médicos.
Dos veces (aquí y aquí) intentaron contratar un servicio de quiromasajista en 2021 para el Acuartelamiento de Loyola, en San Sebastián. Las dos veces quedó desierto porque quienes se presentaron no cumplían los requisitos mínimos. Y el Ayuntamiento de El Puig de Santa María, en Valencia, licitó la concesión de un cachito de la playa para un quiromasajista.
“La osteopatía, la quiropráctica y la acupuntura son pseudociencias”, dice de forma contundente Tovar. Pero, por el momento, #coNprueba solo ha entrado a evaluar, y de forma parcial, la acupuntura. Mientras, estas terapias tienen su propio epígrafe del IAE como actividad económica y se siguen comprando materiales y contratando servicios desde las administraciones públicas.
La fiebre por el ozono en lo peor de la pandemia
En abril de 2020, la Diputación de Badajoz compró cañones de ozono a la empresa Industrial Global Supply por valor de 139.000 euros. No fue la única: durante el confinamiento, otras instituciones públicas, como el Gobierno vasco, la Seguridad Social y la Diputación de Huesca, desembolsaron un total de 403.673 euros en la adquisición de estos dispositivos y en servicios de desinfección contra la COVID-19 basados en ozono. ¿El problema? Por aquel entonces, Sanidad advertía de que el ozono aún estaba siendo evaluado y, pese a que permitía su comercialización, siempre que se notificara al Ministerio, puntualizaba que no podía aplicarse en presencia de personas. En junio de 2020, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo fue un paso más allá: desaconsejó de forma explícita su empleo y rechazó la “falsa seguridad” que ofrecía. Sin embargo, muchas administraciones hicieron caso omiso.
El ozono era, en palabras de Comisiones Obreras, “una panacea”. Durante la segunda mitad del 2020, diversas administraciones, como el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), el Ayuntamiento de Íllora (Granada) y el Ayuntamiento de Alguazas (Murcia), gastaron cerca de cien mil euros en estos sistemas. Y, desde aquella, la fiebre por el ozono continuó, aunque fue en descenso: en 2021 y en la primera mitad de 2022, se desembolsaron más de 127.000 euros en contratos para adquirir cañones de ozono o para pagar servicios de limpieza con estos generadores. La evidencia científica actual, que no existía al principio de la pandemia, muestra que el ozono sí parece funcionar para eliminar el virus SARS-CoV-2, al menos en condiciones de laboratorio. “La efectividad era una cosa trivial, lo que no se tenía cuantificado era la concentración de ozono necesaria para la destrucción del virus”, dice Javier Navarro, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Valencia y autor de un estudio sobre su potencial uso en el transporte público.
El problema, según Navarro, es que la aplicación del ozono puede resultar peligrosa. Una opinión en la que coincide Fernando Usera, jefe de Bioseguridad del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), que destaca que “como principio activo es válido”, por lo que actualmente se encuentra en estudio. Pero añade: “Es muy tóxico, tiene un umbral de toxicidad muy, muy bajo. Cuando hacemos los ensayos con ozono, por supuesto ponemos detectores para proteger, para saber si hay un pequeño escape. Como método de desinfección portátil (con cañones o difusores), no lo termino de ver porque es peligroso, a no ser que se realice con las debidas medidas de protección y en ausencia de personal”. Navarro comparte estas dudas: “Si las administraciones compraron los cañones, no sé en qué condiciones se utilizaron, si era de una forma controlada, si no… No es como cualquier agente químico”. A pesar de los potenciales riesgos del ozono, el desembolso fue notable: en sólo dos años se gastaron en decenas de contratos más de 623.000 euros.
