¿Por qué una pareja de hombre y mujer con problemas de fertilidad tiene más derecho que una pareja de lesbianas o una mujer soltera a que se pague su tratamiento de reproducción asistida con fondos públicos? ¿Por qué el modelo de familia tradicional debe estar por encima de otras opciones? No encontrarán una respuesta a estas dos preguntas básicas -formuladas tras conocerse que el Ministerio de Sanidad planea restringir los tratamientos de reproducción artificial a los casos de esterilidad- en el ordenamiento jurídico español: todos pagamos impuestos, todos tenemos derecho a que nos cubra la medicina pública. La justificacion solo existe en un plano ideológico, aunque la ministra Ana Mato (PP) nos quiera convencer de que hay razones económicas y, sobre todo, científicas.
"No creo que la falta de varón sea un problema médico", fue la inquietante respuesta que la ministra ofreció a los medios tras la reunión de este martes del Consejo Interterritorial de Salud. “La financiación pública debe ser para la curación”, insistió.
En el concepto mercantilista de la sanidad que maneja la ministra, no cabe por lo visto que los fondos públicos se dediquen a otra cosa que no sea curar a las personas. Ahora debería explicar públicamente por qué se siguen sufragando las vacunas de los niños -que podrían asumir sus padres, si es que pueden, debe pensar la ministra si es consecuente con sus afirmaciones- o por qué se contempla la cirugía reparadora tras un cáncer, una quemadura grave o un accidente de tráfico (total, si las víctimas ya no están enfermas, para qué mejorarles la vida). Por no hablar de que tampoco están enfermas las mujeres que dan a luz y, sin embargo, se les presta ayuda en el parto. Y no sigo por no dar ideas.
Pero sí quiero pedirle a la ministra que nos explique por qué, si solo se van a contemplar razones médicas, sí tendrán derecho al tratamiento aquellas parejas de hombre y mujer en las que ambos son fértiles pero, por diferentes motivos, son incompatibles y tienen dificultades para tener un hijo juntos. Me atrevo a aventurar que se me dirá que esta es la excepción que confirma la regla.
A nadie se le escapa que las excusas de Ana Mato son meramente ideológicas, aunque ella se empeñe en negarlo. Las prestaciones sanitarias tienen necesariamente que abarcar más cuestiones que la mera cura médica. Y es bien triste que a estas alturas de la democracia aún tengamos que subrayarlo. También que este Gobierno siga trabajando como si los departamentos ministeriales fueran compartimentos estancos: en un país donde la demografía baja de forma disparada, debería ser una obligación de los ministerios fomentar la natalidad. En todas las capas sociales y, sí, a cualquier precio. Entonces, a muy largo plazo, los problemas del Ministerio de Empleo para sufragar las pensiones igual encuentran una solución. O aumentan los españoles susceptibles de pagar impuestos y, por tanto, mejora la Hacienda pública. Como ve, señora Mato, gananamos todos.
No valen tampoco las justificaciones económicas, ni los eufemismos pseudocientíficos. Sencillamente, no es creíble que el ministerio justifique esta decisión puramente ideológica -excluir de la maternidad a las familias que, sencillamente, no les gustan- en un ahorro económico. Son muy pocas las mujeres lesbianas o sin pareja que acuden a la sanidad pública para solicitar la reproducción asistida. Las restricciones metodológicas que impone la sanidad pública ya expulsan a muchas mujeres: solo se sufraga un intento y si hay un hijo, la mujer queda excluida. Pero hay otra razones de peso: preservar la intimidad o, simplemente, acelerar el proceso si se está al final de la vida fértil son razones para acudir a la sanidad privada, siempre que se pueda pagar. Por eso, la gran mayoría de las personas acude a la opción de pago: en 2010 el 80% de la fecundación asistida se hizo en centros privados, según la Sociedad Española de Fertilidad.
Mientras, quienes acuden a la sanidad pública para ser madres es porque realmente no tienen medios para pagar un tratamiento privado. Son personas con dificultades para las que, señora Mato, "la falta de varón" sí es un problema. Pero la respuesta de la Administración no puede ser la que sugieren sus palabras: "Vaya a buscarse un varón y, si no quiere, aguántese, que usted lo ha elegido". Porque si eso es todo lo que usted como ministra puede ofrecer, debería darle la misma respuesta a las parejas con problemas de esterilidad: "Vaya a buscarse un hombre (o una mujer) que no tenga estos problemas".
Lo peor de su decisión no es que sea ideológica. Al fin y al cabo, usted es política y es su derecho. Lo peor es que nos quiera convencer de que hay familias mejores que otras. Y con más derechos. La ministra Mato, una vez más, se olvida que no es solo ministra de Sanidad, también debería ejercer la otra cartera de la que es responsable: la igualdad. Ese es también nuestro derecho.
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