La Vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se desplazó a Roma para reunirse con el Nuncio Pietro Parolin. Los temas y asuntos que deberían haber ocupado la agenda eran muchos y variados.
Se podía empezar por el Concordato de 1953, los acuerdos de 1976 y 1979 para seguir con los conciertos educativos, la financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado, las exenciones fiscales y tributarias, el escándalo de las inmatriculaciones…, en definitiva, muchas cuestiones importantes para que la ministra acabara – aparentemente – deteniéndose en un asunto menor por mucha repercusión mediática que arrastre.
La exhumación de los restos del dictador y su traslado es un tema de relativa importancia. El verdadero logro sería conseguir expulsar al franquismo y a su aparato ideológico de las instituciones del Estado ¡de una vez!
Tras las conversaciones sabemos que están de acuerdo en que la momia del genocida abandone el Valle de los Caídos. El problema surge cuando se busca el lugar en donde aparcarla.
En ese punto se hace evidente la falta de previsión de un Gobierno excesivamente precipitado para encontrar soluciones y que no reparó en las posibles hipótesis que podían dificultar la maniobra.
Tan solo contemplaron la posibilidad de que la familia se negara a la exhumación, lo que no previeron fue que los nietecitos quisieran colocar los restos en la catedral de la Almudena.
De esta forma – cerquita de su barrio – podrían ir a visitar a su abuelito con más frecuencia y de paso invitar a la excursión a sus violentos amiguitos del aguilucho.
Claro que otra opción – para elegir la Almudena como lugar de inhumación – puede ser la de molestar a las personas “insatisfechas” con los años de extraordinaria placidez que algunos franquistas dicen que nos regaló el general rebelde.
El Vaticano ha desmentido la versión dada por la Vicepresidenta.
Por otra parte el Arzobispo de Madrid ha dicho que son el Gobierno y la familia quienes tienen que hablar para llegar a una solución ¿Solución?, ¿Solución de qué?
La salida sería bastante más simple si se arreglaran determinados aspectos que la “modélica” Transición dejo sin resolver.
Se debería empezar anulando los juicios políticos del franquismo para después derogar la ley de amnistía política.
Tras esa derogación se podría juzgar el bastardo levantamiento en armas que llevaron a cabo los sediciosos de 1936 contra la legalidad vigente. También a los carceleros, a los asesinos, a los promotores impulsores y colaboradores con el Régimen fascista y criminal.
Los simpatizantes del golpe (todavía colocados en puestos de relevancia gracias al verdugo) dirán que los principales responsables del drama al que fueron sometidos los españoles ya no pueden ser juzgados. No importa, el régimen al que sirvieron sí tendría que ser sometido a juicio y a condena.
Claro que para ello sería indispensable modernizar y democratizar los órganos de justicia heredados del franquismo y que siguen en el mismo estado de putrefacción que los dejó el Régimen.
No sería lo único a modificar y actualizar. La Constitución exige una profunda revisión para llegar a consensuar un texto que contemple las necesidades inherentes a la actualidad del siglo XXI.
Entre las modificaciones tendrían que encontrarse una separación efectiva de Iglesia y Estado. Hacer de España un verdadero Estado Laico ayudaría a no tener que hacer viajes a la sede del ente parido por Benito Mussolini: una entelequia misógina denominada Vaticano.
¿Qué hay que negociar de las inmatriculaciones? NADA. Ni siquiera el método de reversión de los bienes expoliados, lo único que hay que concretar es a partir de qué momento los registradores revertirán las inscripciones registrales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha sentenciado la improcedencia de las inmatriculaciones. La negociación sobra.
La catedral de Lisboa es del Estado portugués, la de Paris es de Francia, Westminster del Estado Británico, la catedral de Berlín de Alemania… en la anacrónica España decenas de joyas del patrimonio nacional (Catedrales, ermitas, iglesias… la Catedral de Jaca y la de Sevilla o la Mezquita de Córdoba…) están registradas a nombre de los Obispos por obra y gracia de unos “españolazos” de pro como Franco y José María Aznar.
¿Qué hay que negociar del Concordato? NADA. Por ilegal, franquista y preconstitucional.
¿De los Acuerdos con el Vaticano? NADA. Por ser contrarios a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por cierto, Declaración que continua sin ser firmada por el “buen” Francisco.
¿Acerca de la financiación de la franquicia Católica en España? NADA. El que quiera curas que se financie su capricho.
¿La religión en la escuela? NADA. La escuela está para enseñar ciencia, humanidades y principios de convivencia social. Las creencias y las supersticiones que las propaguen en sus recintos a sus fans pero fuera de la escuela.
Y ya que abrimos el melón constitucional se podía aprovechar la ocasión para preguntar a los españoles si quieren continuar con una dinastía de jefes de Estado designados por el dictador. Aunque a los 13 años su mamá locutora les enseñe a leer sin equivocarse.
*José Antonio Luque, socio de Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL)
