El Defensor del Pueblo Andaluz tramita una decena de quejas y consultas sobre su aplicación. La asociación Derecho a Morir Dignamente reclama protocolos claros al Servicio Andaluz de Salud tras el suicidio del activista Antonio Buenavida.
La aplicación de la Ley de Eutanasia en Andalucía encuentra retrasos, dilaciones y dificultades muy relevantes que perjudican el cumplimiento del derecho, según ha constatado la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
Hay un dramático ejemplo reciente, el del activista Antonio Buenavida, que solo en encontrar un médico que atendiera su petición en primera instancia se fueron diez días. El tiempo se fue demorando, lo cual incrementó su sufrimiento, hasta que Antonio decidió suicidarse sin poder acogerse a su derecho de muerte digna. La ley permite la objeción de conciencia de los médicos que se pueden negar así a aplicar la eutanasia.
Lo que reclama la asociación DMD al Servicio Andaluz de Salud son protocolos claros para el caso de que el médico de quien solicita la eutanasia sea objetor. Que esa persona pueda ser derivada de inmediato, sin dilaciones a alguien que se encargue de la petición.
«Andalucía es de las comunidades autónomas que peor funcionan. Tardaron mucho en poner la ley en marcha y ahora no están haciendo lo suficiente para ponerla en marcha. Hay retrasos de meses: tenemos constancia. Hay otras comunidades autónomas donde la cosa funciona razonablemente bien. No tenemos la sensación de bloqueo ideológico, porque en Murcia funciona razonablemente, sino de falta de atención u otra cosa», afirman desde la asociación DMD.
Este martes, amigos y apoyos de Buenavida se concentraron frente al Palacio de San Telmo para reclamar una aplicación eficiente de la norma y por tanto que exista el derecho.
Según su grupo de apoyo, Buenavida, reconocido activista sevillano, curtido en el movimiento por el derecho a la vivienda y en el 15-M después, padecía un cáncer de páncreas incurable que le causaba grandes sufrimientos.
En enero pasado decidió acogerse a la Ley y lo comunicó al personal médico que le atendía. Buenavida no quería, a la vista de la evolución de la enfermedad, convertirse en una carga para familia y amigos.
«Antonio ha encontrado numerosos obstáculos en su camino al descanso», lamentan en su entorno. Así describen los problemas que llevaron a su suicidio: «Es importante valorar el buen trabajo realizado por el personal sanitario, tanto de oncología como de paliativos, pero el desinterés de la Junta de Andalucía para facilitar la implantación de la ley, la consiguiente falta de información proporcionada al personal médico y el arduo proceso burocrático que supone la aprobación de una eutanasia, han convertido su espera para acceder al derecho a una muerte digna en un auténtico infierno».
Estos detalles aportan a Público: «El 30 de Mayo comenzamos la búsqueda de médico responsable. Con la solicitud de eutanasia en la mano nos presentamos en los siguientes sitios: Hospital Virgen del Rocío (oncología), Centro de Salud Mallén (dirección), consulta médica de la familia de Antonio, finalmente con doctor de Hospital Domiciliario y Paliativos del Hospital Virgen de Rocío. Los primeros se declararon objetores, y todos los demás argumentaron desinformación. Finalmente conseguimos que un médico del Hospital Virgen del Rocío se hiciera responsable y tomara la solicitud de Antonio el 10 de Junio. Estuvimos como pelota lanzada de unos a otros, diez días perdidos. Así el proceso para la eutanasia se puso en mas de 40 días esperando y aún quedaban otros diez mas de espera. Por esta espera insoportable por dolores, sufriendo; por esto se suicidó Antonio. Por esto protestamos frente a la sede de La Junta de Andalucía».
Diez casos en el Defensor
A la protesta de este martes, se acercó -estaba en la toma de posesión del Ejecutivo de Juanma Moreno y decidió pasarse- el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús de Maeztu, quien se comprometió a implicar a la institución y a instar al Gobierno andaluz a que se aplique la ley como tiene que ser. «Me oiréis hablar de esto», les dijo.
La institución tramita ahora mismo una decena de quejas y consultas sobre la mejor forma de ejercer el derecho. La casuística es amplia y hay desde dudas hasta asuntos ya más complejos que implican retrasos también.
Andalucía, que fue la última Comunidad Autónoma en poner en marcha la norma, tramitó 19 solicitudes de eutanasia en el primer año –entró en vigor en junio de 2021– de aplicación de la ley, de las que se han practicado once. Otras seis peticiones fueron rechazadas y otras dos estaban pendientes de resolución, según los datos aportado en junio pasado por el Gobierno de Moreno.
A fecha de 20 de junio, se habían inscrito 523 profesionales sanitarios al registro de objetores de conciencia, 257 en el año 2021 y 266 en 2022.
La Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021 y establece que se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
