“Si abres la lata verás lo que hay realmente: el fascio, la purulencia del capitalismo, porquería compuesta de razones estratégicas, lo atado y bien atado, el fondo, el más allá, el extremo de la desvalorización humana. En el Estado Español empieza por la negación de la dictadura franquista y la negación de la memoria histórica democrática, segunda potencia mundial en personas desaparecidas por la violencia fascista, detrás de Camboya, lo acompañan con la negación de los derechos humanos y continúan por la negación del derecho internacional”
(Ramón Pedregal Casanova)
“Hemos de sentar las bases para educar y educarnos en una ética cívica y laica contra la barbarie. Para pasar de hacer campañas de lucha contra la pobreza, a campañas de lucha contra la riqueza. Para pasar de “gestionar contingentes” de inmigrantes, a una política de fronteras abiertas para las personas y no únicamente para las mercancías. Para deconstruir el lenguaje neoliberal del egoísmo insolidario. Educarnos en una ética cívica y laica de la solidaridad en definitiva, que deje de proclamar los derechos humanos y los ponga en práctica de forma radical y clara”
(Enrique Javier Díez Gutiérrez)
Debido a la creciente permisividad hacia la ultraderecha y el neofascismo en nuestro país, estamos pisando un terreno cada vez más pantanoso. Hace pocos días, durante el inicio “solemne” de la legislatura por parte del Rey, daba mucha risa escuchar a Santiago Abascal diciendo que eran los partidos que no reconocían al Rey los que deberían estar fuera del Parlamento, cuando quienes de verdad tenían que estar fuera del Parlamento son los esperpentos de VOX, formación política que debería estar ilegalizada si viviéramos en una auténtica democracia. Y otra discusión falsa que causa sonrojo es el reciente debate en la Asamblea de Madrid entre la Presidenta Díaz Ayuso y la representante de VOX, Rocío Monasterio: mientras ésta le indicaba que el PP tenía complicidad con la izquierda en relación al mal llamado “Pin parental”, aquélla le respondía que le dijera casos de profesores concretos que estuvieran “adoctrinando” a sus hijos en las escuelas madrileñas, para así poder intervenir y “actuar contra ellos”. Como decimos, un debate absurdo, porque es falso. Y es falso porque en el fondo las dos están de acuerdo en que no se puede, según ellas, “adoctrinar” en las escuelas y esto ocurre, según PP y VOX (y en menor medida C’s), cuando nuestros docentes les hablan a nuestros escolares sobre derechos humanos.
Las formaciones políticas de la derecha española son las que siempre se han rasgado las vestiduras cuando se ha intentado desligar la enseñanza de la religión del currículo escolar y lo han vuelto a incluir (véase la LOMCE, el último precedente) cada vez que han podido. Pero eso, según estas formaciones políticas, no es adoctrinar. En cambio si a nuestros alumnos se les habla en clase de educación sexual, de valores cívicos y democráticos, de derechos humanos, de igualdad y tolerancia, de opciones sexuales, de machismo y feminismo, del derecho de asilo, de la memoria histórica, de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, colectivos, etc., entonces sí están “adoctrinando” a nuestros hijos e hijas. En cambio, el “Misterio de la Santísima Trinidad” o el relato del descubrimiento de América, junto con charlas a favor de la ilegalización del aborto, por ejemplo, no serían considerados para estos grupos “adoctrinamiento”. Estamos llegando, como vemos, a una situación extremadamente grotesca e indeseable. Y lo peor de todo es que este debate se normaliza y llega bajo una capa de legitimidad al debate popular. Y entonces nos podemos encontrar a personas debatiendo de estas cosas en el metro, por la calle, en un bar, en la tienda, en el autobús o en las redes sociales. La razón última de todo ello es que aún no nos hemos creído del todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por citar el referente oficial más reciente.
Porque creerse de verdad aquella declaración implica, de forma automática, que todas las opciones políticas que la cuestionen deben quedar fuera del debate público, es decir, ilegalizadas. Amparándose en la democracia y en la libertad de expresión, no podemos tolerarlo todo. Por ejemplo, no podemos ser racistas. Si una formación política defiende abiertamente el racismo y la xenofobia, lisa y llanamente no puede pertenecer al debate público. No está legitimada para expresar sus opiniones, porque sus opiniones no respetan el marco de los derechos humanos que la comunidad internacional se impuso a partir de un determinado momento histórico. Pero como decimos, cuando esto no ocurre, corremos el peligro de normalizar debates, opiniones y opciones políticas que no respeten este marco, y vuelvan a lanzar ciertos debates públicos que ya deberían haber sido erradicados. Otro ejemplo: no se puede hacer apología del fascismo. Por tanto, si alguien exalta el franquismo, debería ser detenido inmediatamente como delincuente. Pero estamos acostumbrados, porque lo hemos normalizado (porque a su vez nuestros gobernantes lo han permitido), a que se exalte el franquismo (incluso el nazismo) por parte de determinadas personas o grupos políticos y aquí no pasa nada. Incluso hay medios de comunicación que están encantados de proporcionarles un altavoz para que puedan pronunciarse con total claridad. La exhumación del dictador del Valle de los Caídos fue un claro ejemplo de ello.
El objetivo está muy claro: ya que no pueden alterar el contenido de los libros de texto tal como a ellos les gustaría (casi volviendo al nacionalcatolicismo), así como purgar (como se hizo durante la dictadura) a todos los docentes que planteasen criterios diferentes a los establecidos por la cultura del odio, lo que intentan es que unos padres racistas puedan educar a sus hijos en el racismo, que unos padres homófobos puedan educar a sus hijos en la homofobia o que unos padres machistas puedan educar a sus hijos en el machismo. Y aunque lo han planteado poniendo como ejemplos estos temas, en la práctica el “Pin parental” llegaría a mucho más, estableciendo una censura educativa cada vez que, por ejemplo, la escuela pública intentara criticar a las grandes empresas transnacionales, denunciara las tremendas desigualdades sociales o intentara educar a los estudiantes en una visión crítica sobre el sistema económico dominante. En realidad, el “Pin parental” lo que intenta es prohibir que nuestros escolares sean formados bajo cualquier actitud, precepto o teoría crítica sobre el mundo que sus padres entienden. Precisamente por ello atenta contra los derechos humanos fundamentales.
Mientras no alcancemos el estatus de una sociedad verdaderamente democrática y asumamos el pleno respeto a los derechos humanos en su totalidad, continuaremos permitiendo opiniones y debates extremadamente peligrosos que ponen en riesgo (porque anulamos las garantías de no repetición) nuestro sistema democrático, abriendo la puerta a derivas e involuciones retrógradas y aberrantes. El “Pin parental” ha sido la última muestra: como les aterra que nuestros escolares sean formados en dichos valores de igualdad, multiculturalidad, respeto y tolerancia, resulta que han diseñado un mecanismo que permite una vergonzosa injerencia de los padres y madres para interceptar dichos contenidos e impedir la asistencia de sus hijos a dichas actividades, jornadas, charlas, asignaturas, ciclos, mesas redondas, conferencias, etc. Y amparándose bajo la falsa denominación de “adoctrinamiento”, pretenden impedir que las nuevas generaciones abran sus mentes a dichos valores. Estos grupos políticos pretenden impedir que la escuela pública enseñe a los estudiantes que tenemos derecho a exigir unas condiciones de vida dignas, que tenemos derecho a vivir en paz, a no ser discriminados por ningún motivo o a expresar sin temor nuestra opción sexual o nuestra preferencia religiosa. Pero tampoco quieren que se cuenten a nuestros alumnos las maldades del capitalismo, ni por qué vienen tantos inmigrantes a nuestras costas, ni quiénes son los responsables de la destrucción de nuestro planeta. Son los mismos, por supuesto, que fomentan una educación clasista, elitista, sexista, segregacionista, religiosa (católica), y que para que todo ello tenga cabida fomentan y financian la educación privada y concertada, mientras reducen y marginan la educación pública. Y es que el no creerse del todo los derechos humanos nos lleva por senderos muy peligrosos.
Rafael Silva
