A continuación, reproducimos el comunicado remitido por las Comunidades Cristianas Populares (CCP):
Las Comunidades Cristianas Populares de Sevilla (CCP), ante la constitución en nuestra ciudad de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, con la finalidad de reivindicar la titularidad pública de varios bienes patrimoniales de la ciudad, como la Giralda y el Patrio de los Naranjos, que la jerarquía de la Iglesia Católica ha inscrito a su nombre, manifestamos que:
1º.- Nos adherimos a dicha Plataforma pronunciándonos contra la apropiación indebida por parte de la jerarquía de nuestra Iglesia de bienes públicos propiedad del pueblo (conocida como inmatriculaciones) tales, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda, el Patrio de los Naranjos, y el intento de apropiarse de la capilla del Gran Poder etc.
2º.- Tales inmatriculaciones se hicieron al amparo de normas legales del tiempo pasado de la dictadura (artículo 206 de la Ley Hiotecaria de 1946 y art.304 del Reglamento Hipotecario de 1947) que trataban de otorgar privilegios a la jerarquía de la Iglesia católica, a cambio de su respaldo moral y el reconocimiento público de la misma dictadura. Con la misma intención el gobierno de José Mª Aznar realizó en 1998 una reforma legislativa por la que extendió a los templos la posibilidad de ser inmatriculados.
3º.- Consideramos esta apropiación indebida de bienes públicos como una manifestación totalmente contraria al Evangelio, según el cual Jesús llamó “bienaventurados a los que eligen ser pobres” (Mt.5,3) y llenó de improperios a los ricos (Lc. 6,24-26). Y del mimo modo, las consideramos anticonstitucionales al ir en contra de la aconfesionalidad del Estado a que se refiere el art. 16.3 de la Constitución española, al afirmar que: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, lo cual supone que el Estado será neutral ante las confesiones religiosas y no podrá favorecer a ninguna en particular.
4º.- Apostamos por ello por la independencia, no injerencia y respeto mutuo entre el Estado y las confesiones religiosas y abogamos por el Estado aconfesional y laico de nuestra Carta Magna. Pero, al mismo tiempo, somos conscientes de que las actuales relaciones entre Iglesia católica y el Estado español, basadas en los Acuerdos firmados el 3 de Enero del año 1979, están generando un gran malestar en amplios sectores, sean católicos o no, al establecer “una cooperación” desmedida y sumamente favorable a la Iglesia católica. Por todo lo cual:
5º.- Exigimos que la jerarquía católica, como prueba de servicio al pueblo a la que toda la Iglesia está llamada, renuncie retroactivamente a esas inmatriculaciones injustas. Se deroguen los Acuerdos de 1979, herederos del Concordato franquista de 1953. Que la jerarquía pague el IBI de los inmuebles que no estén destinados al culto y permita también la visita gratuita de Iglesias restauradas con dinero público, como ocurre en diversos lugares de Andalucía y en nuestra ciudad con la Iglesia del Salvador y la de Sta. Catalina.
