El problema de la UCAM en la Región: le han permitido demasiado y ahora a estos dirigentes tan dados a los recortes en todo lo público les ha estallado ‘su problema’ a escasos días de las elecciones
El pasado 30 de abril se publicó un artículo en LA OPINIÓN cuyo titular era Masivo apoyo social al interés público de la UCAM. Se hacía mención a las cartas que organizaciones de todos los ámbitos están remitiendo a la consejería de Fomento, al presidente de la Comunidad autónoma y al alcalde de Murcia. En esas cartas se hace una defensa a ultranza de la Fundación Universitaria San Antonio, que es la titular de la Universidad Católica San Antonio. Apelan a la declaración de interés público por el Estado español en junio de 1988 y resaltan que es una entidad sin ánimo de lucro. Consideran que el trato dado por la Comunidad y el Ayuntamiento es ‘injusto y dañino’ y que su ‘dilación irresponsable’ ha dado lugar al agravamiento de los problemas. Son 20.000 alumnos y 3.434 trabajadores, lo que produce importantes beneficios, creación de empleo y generación de riqueza.
Esta reacción tan contundente viene motivada por la paralización de las obras de ampliación del campus de los Jerónimos en su zona norte y los gravísimos perjuicios económicos a causa de dicha decisión. Exigen la legalización de los pabellones con el argumento jurídico de que el régimen ordinario es «compatible con el excepcional de autorización por interés público», que es una técnica de legalización legítima y que además es frecuente que se haga así en muchos edificios en nuestra región. Terminan añadiendo otras afrentas injustas contra la Fundación, como la no implantación de nuevas titulaciones y las prácticas de sus alumnos de Medicina y Ciencias de la Salud y exigen reconocimiento y respeto.
Leyendo dicho artículo y no estando muy al corriente de las denuncias que se dirigen a los principales cargos de la región, parece que la persecución a la UCAM es implacable y que unos funcionarios con argumentos más propios de jueces inquisitoriales van a ordenar el traslado a la hoguera de Mendoza en cualquier momento.
Pero la historia de la Fundación y de la Universidad Católica hasta nuestros días es completamente distinta. Siempre ha habido connivencia con los Gobiernos regionales y hasta con muchos partidos de la oposición; la relación ha sido idílica y la prueba de ello es que la inmensa mayoría de las personas que han desempeñado puestos de responsabilidad en la UCAM han pasado por la Administración regional y, al revés, también, como la actual consejera de Educación, que procede de ella.
Sin entrar en otra serie de datos, metros cuadrados donados a la Fundación, terrenos recalificados, subvenciones, concesiones de titulaciones sin cumplir todos los requisitos inicialmente, másteres de todo tipo… la relación entre la Comunidad autónoma, el ayuntamiento de Murcia y la UCAM ha sido exquisita. Nosotros, que desde Europa Laica defendemos la educación pública, pedimos a las asociaciones que están firmando dichas cartas que hay que respetar el trabajo de los funcionarios que han denunciado las irregularidades en las construcciones del campus y que nadie en un Estado de Derecho que se precie de serlo, puede estar por encima de la ley, nadie. El problema puede estar precisamente en la laxitud de las autoridades de todos los Gobiernos de nuestra Comunidad que han existido desde la creación de la Fundación. Le han permitido demasiado y ahora a estos dirigentes tan dados a los recortes en todo lo público les ha estallado ‘su problema’ a escasos días de las elecciones. Se lo merecen.
Igual que el intocable señor Mendoza que se ha saltado la legislación vigente y ha desoído las reiteradas advertencias del Ayuntamiento y de la Comunidad, merece un toque de atención al menos, para que no siga creyéndose por encima de las leyes de este mundo. Si no, seguirá haciendo todo lo que se le ocurra para hacer más negocio, aunque la Fundación sea sin ánimo de lucro.
Juan Celdrán
