Resulta que hubo un pequeño escándalo en Costa Rica por algunas cosas que dijeron los líderes de los tres poderes del estado y que podrían, en la mente de algunos laicistas radicales, verse como un ataque al ideal del estado laico que sostienen. Ejem.
… [L]a presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, el presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, se consagraron a ellos, sus familias y a sus instituciones “al amor y protección de Dios todopoderoso a través de la intercesión de María nuestra señora, la reina de los Ángeles”.
Este inocente ritual mágico de sumisión y súplica a entidades sobrenaturales fue visto por algunos fanáticos totalitarios anti-Dios como un grosero ataque al principio de separación entre iglesia y estado. ¡Como si hablar de Dios y la Virgen María tuviera algo que ver con la Iglesia Católica!
Afortunadamente la Conferencia Episcopal de Costa Rica salió prontamente a expresar su apoyo por “la sana laicidad”, en un estado donde “se respete y valore la presencia del factor religioso en la sociedad”, como ya pidió el papa Francisco, a quien se ha notado preocupado (como a su antecesor) por el caos social y hasta económico causado por el laicismo agresivo y la secularización en naciones como Canadá o Suecia, en contraste con países donde el estado contribuye con la religión y anima a los ciudadanos a practicarla o callarse respetuosamente.
Los obispos aseguraron que
“Tampoco se ha puesto en riesgo, bajo ninguna circunstancia, la necesaria autonomía entre el Estado y la Iglesia Católica.”
Esto debería alegrarnos a todos, puesto que como sabemos, cuando el estado y la iglesia se mezclan ocurren cosas horribles, salvo en casos muy excepcionales en que los gobernantes son especialmente piadosos y obedientes, como Francisco Franco o Jorge Rafael Videla.
Generalmente, claro, es el estado el que se mete con la iglesia, como en Francia, donde el gobierno socialista obliga a funcionarios católicos a casar a parejas homosexuales sin tener en cuenta que la ley del dios católico vale más que cualquier ley civil. Y ni hablar de Estados Unidos, donde las instituciones católicas tienen que ofrecer a sus empleadas, como parte de su seguro de salud, planes de “salud reproductiva” destinados a frustrar su destino de úteros en pleno funcionamiento y a fomentar la práctica del sexo sin temor. (Compárese este triste panorama con el mucho más auspicioso de Irlanda, donde los hospitales católicos pueden cumplir sin problemas su tarea de salvar a los niños no nacidos de madres que desean asesinarlos para salvarse de la muerte, o España, donde gracias a farmacéuticos comprometidos hay muchos lugares libres del flagelo de los anticonceptivos orales y los condones.)
En Costa Rica, afortunadamente, no hay ninguna posibilidad a corto plazo de que el estado se entrometa en los asuntos de la Iglesia Católica, puesto que la religión del estado (establecida en la Constitución) es la católica, misma que sostiene la laicidad del estado, y el estado a su vez se ocupa de sostener esa laicidad dándole catecismo católico a los niños en las escuelas públicas. O sea que todos felices.
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