Atenazados por el fulgor mediático de los gobernantes populistas, suele prestarse una menor atención al rol que la US Supreme Court posee en el entramado institucional de los EEUU. Pero su influencia y repercusiones políticas son decisivas. Como ya observó el pensador Alexis de Tocqueville (1805-1859), el funcionamiento de los checks-and-balances (controles-y-contrapesos), fundamento institucional de la república federal norteamericana, trataba de proteger a la sociedad no solo contra la opresión de sus gobernantes, sino también de unas partes de la sociedad contra las injusticias cometidas por otras partes. En tales tesituras las sentencias de la Corte Suprema son determinantes.
Considérese la última decisión del tribunal de anular la suya anterior de 1973 (Roe v. Wade) por la cual se sancionaba el derecho al aborto. Un derecho que ha estado vigente en el país norteamericano durante casi 50 años. La sentencia revocatoria ha sido posible con el voto de los 6 jueces conservadores frente a los 3 liberales. Los primeros fueron propuestos por presidentes republicanos, Bush padre e hijo y Trump; los segundos, por Obama y Biden.
Recordemos la singularidad en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema estadounidense, elegidos con el consentimiento del Senado a propuesta de la Presidencia y con mandato vitalicio. Es decir, que los jueces supremos permanecen en sus funciones hasta su fallecimiento (salvo renuncia o impeachment). No obstante, el rasgo institucional más característico en su composición es la demografía reflejada en las edades de sus integrantes. Las de los tres últimos propuestos por Donald Trump son de 50, 54 y 57 años.
Si consideramos que la esperanza de vida en EEUU se situaba en 2021 cerca de los 76,6 años, no es descabellado aventurar que se mantendrá el reaccionarismo de los jueces de nuevo cuño, protagonistas en la abrogación federal del derecho al aborto. Todo apunta a que no acabará ahí el programa del conservadurismo jurisdiccional y que asistiremos en los próximos lustros a la promulgación de sentencias regresivas de derechos civiles y titularidades sociales.
El actual Tribunal Supremo MAGA hace referencia al acrónimo popularizado por Trump, Make America Great Again. Los jueces MAGA ya han adelantado que emitirán sentencias respecto a la discriminación positiva (affirmative action) de minorías en el acceso a la universidad, el poder de las asambleas estatales -controladas en su mayoría por los republicanos- para establecer las reglas electorales más allá del criterio de los tribunales, o la posible discriminación a parejas homosexuales alegando motivos religiosos. Tales decisiones tendrían un impacto profundo en la vida de las gentes, incluyendo la posible derogación del matrimonio gay o hasta el uso de anticonceptivos.
La Supreme Court ha avalado, asimismo, el derecho a llevar armas en público. A tal efecto el tribunal ha derogado la ley estatal de Nueva York que establecía la norma de que quienes poseyesen licencias de armas debían demostrar una causa para poder portarlas públicamente. Recuérdese que en otros estados como Texas, donde hace unas semanas se produjo el caso de la matanza de Uvalde, a consecuencia de la cual fueron asesinados 19 niños, entre 8 y 11 años, y dos profesoras de una escuela de primaria, se practica la política exhibicionista del open carry, o sea que las personas mayores de 21 años pueden portar armas por la calle sin mayores prevenciones, como en el mitificado Wild West.
Dados sus orígenes y trayectorias posteriores, los jueces reaccionarios suelen inclinarse a limitar el poder del Gobierno Federal. Así han argumentado que son los estados los que deben decidir sobre cómo aplicar la derogación del derecho al aborto, el cual pierde su ámbito federal. Sin embargo, han validado el amparo constitucional de los ciudadanos a llevar armas y han sentenciado, en consecuencia, que no debe dejarse a los estados decidir si se pueden exhibir o no en público.
Una de las posibilidades para revertir esta oleada regresiva jurisdiccional es garantizar el derecho al aborto por ley en todo los EEUU. Para ello se necesita la aquiescencia de una mayoría de 60 de los 100 miembros del Senado. Las elecciones a medio mandato del próximo mes de noviembre no parece que puedan hacer variar tanto la aritmética de la Cámara Alta entre los dos grandes partidos.
La posible reversión del conservadurismo mostrado por el vigente Tribunal Supremo se antoja harto difícil. Lejos quedan los tiempos del nombramiento en 1993 de la jueza Ruth Bader Ginsburg, entonces la única mujer en la Corte Suprema. La jurista nacida en Brooklyn en el seno de una modesta familia judía, fue un icono en la lucha por la igualdad legal de género. Y lo hizo en un tribunal compuesto por un presidente y ocho miembros que, en los últimos tiempos, ha fortalecido la tendencia conservadora y reaccionaria de la política estadounidense, personificada por Trump. El expresidente sigue al acecho para volver al vértice del poder ejecutivo o, cuando menos, para controlarlo.
La última deriva reaccionaria de la Corte Suprema menoscaba la democracia estadounidense. En el entretiempo, una encuesta de Gallup muestra que tanto el porcentaje de ciudadanos que aprueba la gestión del Tribunal Supremo como la de los que confían mucho o bastante en la institución ha caído en picado al 25%, el nivel más bajo en los últimos 50 años. Es el mínimo histórico de una serie que arranca en 1973 y que el año pasado ya había descendido a un 36%.
Una tendencia desesperanzadora. ¿Cabría compararla con la situación de la renovación de los altos órganos jurisdiccionales en España?
