El principio de separación de religión y política, reconocido en la Constitución, describe la separación entre religión y política donde no hay interferencia o influencia mutua. De conformidad con este principio, el Estado no debe conferir privilegios a una religión en particular y debe mantener la neutralidad hacia la religión. Esta neutralidad es necesaria para la plena realización de la libertad religiosa.
La Corte Constitucional de Corea del Sur acogió el recurso de inconstitucionalidad deducido por unos uniformados que recurrieron la decisión de obligarlos a asistir a actividades religiosas para “fortalecer su moral”, al considerar que se vulnera tanto el principio de separación entre religión y política, como la regla contra la restricción excesiva y libertad de religión.
