Si el Estado descrito por la ciencia política cobrara vida, seguramente sería ateo. Y es que no se justifica por ningún lado asignarle un credo. Él no debe actuar por fe ciega. Él posee un gobierno soberano que debe administrarse dentro de un territorio en favor de su población. Al conceptualizar esto se habla de Estado laico, laicista o como quiera que se le desee denominar. El fondo de la discusión que plantearemos no se ve desvirtuado por esta trivialidad. La idea que se desea concretar es la separación absoluta de los temas de Estado de la influencia religiosa. Eliminar que las divinidades eclipsen las verdades que nuestro país necesita escuchar. Erradicar ese nefasto cesaropapismo que en los últimos años vimos crecer sin ningún reparo ni vergüenza, hasta llegar a destinar una gran cantidad de capital gubernamental -humano y financiero- para traernos un carnaval religioso. Sin embargo, ese mismo gobierno miró hacia otro lado ante las necesidades del sector salud y dejó inconclusas obras de vital importancia. Cinco años pasaron. No tenemos ciudad hospitalaria, pero el expresidente Juan Carlos Varela visitó sopotocientas veces el Vaticano y cumplió su sueño de traer al papa a Panamá.
Para comprender el conflicto, no es necesario siquiera ser ateo ni agnóstico. Cualquier persona racional, sea cual sea su credo, posee el entendimiento necesario para comprender que no se pueden enfrentar cifras estadísticas y datos científicos recitando oraciones y versículos; que fue una irresponsabilidad financiar un evento religioso millonario cuando aún tenemos comunidades sin acceso al agua potable; que no podemos seguir viviendo en un país que destina el patrimonio estatal a restaurar iglesias en lugar de escuelas y que condecora obispos en lugar de científicos. Un país donde un cardenal sermonea a la administración de justicia y la manda a “ponerse los pantalones de mayor de edad” en un juicio en el que por pura causalidad se procesó al archirrival del exmandatario . No se puede continuar frenando debates sobre salud pública blandiendo acusaciones de blasfemia y herejía. Nuestro país enfrenta una de las tasas de embarazo juvenil más altas de la región, pero legislar sobre salud sexual y reproductiva debe esperar hasta que el pavor por la palabra género desaparezca. No es mi intención resucitar la discusión sobre si la JMJ fue positiva o negativa. El punto es recordar que estas decisiones, cualesquiera que hayan sido sus resultados finales, se tomaron favoreciendo criterios religiosos por encima de otros temas de Estado.
El papa Francisco explicó en una entrevista que respalda una educación sexual objetiva sin conquistas ideológicas. Esto calza como anillo al dedo para el debate constitucional sobre religión. La carta magna no es un documento que debe conceder victorias jurídico-religiosas a nadie. Más allá de consagrar la libertad de culto como derecho fundamental, no existen justificaciones válidas para hablar de religión en un texto constitucional. Una interpretación constitucional ligera nos ha permitido convivir con el actual artículo 35 constitucional, cuya interpretación estricta y literal crea el absurdo de una libertad de culto supeditada a la moral cristiana. Existen creencias religiosas con principios y fundamentos diametralmente opuestos a la moral cristiana y que poseen igual derecho de que se les respete sin ninguna necesidad de colocarles condiciones.
En esa misma línea, nuestro país merece el respeto de que las decisiones sean tomadas con prudencia. Ningún buen padre de familia donaría dinero a la Iglesia si su familia no tiene qué comer. Entonces, ¿por qué el Estado coquetea con el clero mientras el país tiene tantas necesidades? Esto es un absoluto descaro, por decir lo menos. Pero más allá de eso, veamos el otro lado de la moneda: ¿por qué una religión cuyo mesías dijo “deja todo lo que tengas y sígueme” hace precisamente todo lo contrario? Es vergonzoso ver fotografías de miembros del clero aceptando cheques millonarios del Estado cuando pertenecen a una religión en la que se enseña que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos.
Nuestra reforma constitucional debe garantizar la total independencia del Estado de la religión y restringir las posibilidades de administración irresponsable dirigida a favorecer un credo, sea cual sea.
Para concluir, quiero recordar que en este país se le rebuscó hasta el último tecnicismo legal para cancelar forzosamente el concierto de una “banda satánica”; pero, las denuncias de los sindicatos de artistas sobre irregularidades en contrataciones de espectáculos extranjeros duermen plácidamente en el escritorio de algún burócrata.
Daniel Lombana Franceschi, es abogado
