La Iglesia católica disfruta desde 1946 de un privilegio franquista que le permitió inscribir miles de bienes sin tener que acreditar la propiedad de los mismos, porque la Ley hipotecaria y el reglamento permitieron que los representantes eclesiásticos actuaran como “fedatarios públicos”.
Aunque la citada norma impedía inscribir templos dedicados al culto por ser considerados bienes de dominio público, la realidad es que nos años 80 y 90 del siglo pasado muchos de estos bienes fueron inmatriculados, inscritos por primera vez en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia y, en 1998, el gobierno del PP amplió “el privilegio franquista” mediante una modificación de la Ley hipotecaria que le permitía a la iglesia inscribir también lugares de culto como iglesias, monasterios, ermitas, capillas y catedrales.
A consecuencia de esta norma, se estima que entre 1998 y 2015, año de la supresión de esta prerrogativa, fueron inscritos más de 30.000 bienes a nombre de la Iglesia católica, de los cuales una parte podrían ser bienes privados, otros de propiedad de las administraciones y otros de dominio público.
Anulación de las inmatriculaciones
El BNG, a través de su diputado por Pontevedra y portavoz en materia de memoria histórica, Luis Bará, defendió en el Parlamento una batería de iniciativas instando a la Xunta de Galicia a exigir al Estado hacer público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre los años 1946 y 1998, teniendo en cuenta la posibilidad de que habían sido registrados ilegalmente.
La propuesta propone estudiar “vías legales para reclamar la anulación de las inmatriculaciones” de bienes de dominio público y sin documento acreditativo de la propiedad, así como la creación de una una oficina de información y asesoramiento para las entidades que reclamen estos bienes. Iniciativas vetadas por el PP que votó en contra de estas medidas.
Bará criticó la posición del PP “que se mantiene en su posición habitual de defensa de los privilegios, de los abusos y el expolio de la Iglesia, lo hicieron durante el franquismo y lo siguen haciendo ahora”, denunció, “solo así se explica que vetaran la propuesta de crear una oficina de asesoramiento, porque muchos dieras bienes pueden ser propiedad de ayuntamientos, de comunidades vecinales, parroquiales o comunidades de montes y que, sin saberlo, la Iglesia se había quedado con sus bienes”.
Falta de apoyo del PSOE
Es incomprensible la falta de apoyo del PSOE, que se abstuvo en la votación en comisión parlamentaria. El Gobierno de Pedro Sánchez “está retrasando la publicación del informe de los bienes inmatriculados, y por lo tanto es responsable porque a partir de ese informe pueden iniciarse las acciones legales para destapar el registro de bienes que se hicieron de manera irregular o ilegal”, según Bará.
Recuerda el diputado del BNG que el Ejecutivo central dispone desde agosto de 2018 de un listado de bienes inmatriculados, pero que no hizo público impidiendo abrir vías legales. Por esta razón, el BNG reclamó la publicación de ese listado para, a continuación, demandar al Gobierno del Estado y a la Xunta que promovieran la anulación de aquellas inscripciones que supongan la apropiación de bienes de dominio público y de otras propiedades de administraciones y particulares.
La iniciativa apostaba por investigar todos las inmatriculaciones realizadas desde 1946, fecha en que se aprobó la norma que otorgaba a la Iglesia católica a posibilidad de registrar bienes sin acreditar propiedad, apuntando que esta investigación debía incidir especialmente en la inscripción de lugares de culto, -que están excluidos de la ley de 1946, aunque sí incluidos en la reforma de 1998 de la Ley Hipotecaria-, y en los bienes considerados de dominio público.
A este respeto, el nacionalista recordó la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2016 que califica de “arbitrario el derecho de inmatriculación de la Iglesia” y considera que viola el derecho de propiedad. Por eso critica la “connivencia de PP y PSOE para proteger estos privilegios y abusos, impropios de un Estado aconfesional”.
Luis Bará, diputado del BNG por Pontevedra
