El Supremo y el TSJC fallan contra la Universidad de Barcelona y la Politécnica de Cataluña. Ambos centros tomaron posición por los postulados del nacionalismo rompiendo así su neutralidad
El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) coincidieron la última semana enreprobar la actitud de dos de las universidades más potentes de la comunidad, la Universidad de Barcelona (UB) y la Politécnica de Cataluña (UPC), por inmiscuirse en asuntos políticos, rompiendo la neutralidad de sus posicionamientos. Han sido varios los episodios en los que se han decantado a favor del independentismo.
La sentencia del Supremo contra la UB hace referencia a un documento que las universidades catalanas publicaron el 21 de octubre de 2019, titulado Manifiesto conjunto de las universidades catalanas en rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y la judicialización de la vida política. Fue una iniciativa para rechazar la condena del 1-O con la que el centro optó por un posicionamiento “político, que rompía la neutralidad de las instituciones e impensable en cualquier democracia occidental”, según denunciaron en sus días fuentes académicas a El Confidencial. Ese posicionamiento, además, trataba de interferir en una decisión judicial y por ello fue contestado con un recurso de varios profesores y alumnos: Ricardo García Manrique, José Andrés Rozas, Rafael Martínez, Chantal Mill de Alba y Daniel Cabrera.
El primer juzgado contencioso-administrativo que vio el caso ya advirtió de que el acuerdo del claustro de la UB no tenía amparo en la autonomía universitaria, ya que “los principios de neutralidad ideológica y política son exigibles a toda Administración, en cuanto que deben servir con objetividad a los intereses generales”. La Universidad apeló, pero perdió de nuevo: en junio de 2021, el TSJC determinó que la entidad no sólo vulneró derechos fundamentales de miembros de la institución, sino que el independentismo instrumentalizó a la misma poniéndola “al servicio de una opción política ajena al ámbito material y funcional de la Universidad”.
Vulneración de derechos
Señalaba la sentencia que la UB había roto “con la neutralidad ideológica o política que se espera de una Universidad (por su carácter público aunque su base sea institucional) y ello supone una vulneración a la libertad ideológica y de expresión, libertades dotas ellas unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española y en este sentido, la Universidad no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses a los que debe servir”.
Tras un último recurso, el Supremo dictamina ahora que “si al ejercer sus funciones el claustro universitario adopta acuerdos sobre cuestiones ajenas a los fines y funciones de la Universidad y a los intereses de la comunidad que la integra, se podrá plantear una eventual desviación de poder. Ahora bien, esa extralimitación del contenido propio de la autonomía universitaria vulnerará, además, el principio de objetividad o neutralidad que cabe esperar de toda Administración”. Afirma el alto tribunal que una extralimitación de la naturaleza que se produjo en Cataluña, no tiene cobertura en el contenido de la autonomía universitaria e infringe el principio de neutralidad, además de percutir “en los derechos y libertades fundamentales de terceros, al identificar a toda la comunidad universitaria con un postulado político o ideológico”. Eso deriva en una conculcación de derechos a la libertad de cátedra y a la educación universitaria que esperan recibir los estudiantes, en coherencia con los fines de la Universidad.
El Supremo sentencia, finalmente, que las universidades públicas, “como administración pública institucional y, dentro de las mismas, el claustro universitario como órgano de gobierno representativo de una comunidad universitaria plural, no puede adoptar acuerdos que se tengan como voluntad de la Universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía”. De ahí que desestime el recurso de casación de la UB.
Solidaridad mal entendida
Paralelamente, el TSJC dictó otra sentencia condenatoria con la UPC. En este caso, la institución había aprobado un escrito solidarizándose con varios de los dirigentes políticos a los que el Tribunal de Cuentas pedía una fianza por su gestión en la Generalitat. “Ante el procedimiento sancionador iniciado por el Tribunal de Cuentas del Estado español contra numerosos antiguos miembros del Govern catalán, entre ellos el profesor Andreu Mas-Colell y el profesor Albert Carreras de Odriozola, el claustro universitario de la UPC denuncia la injusticia de estas actuaciones, se solidariza con los afectados y se adhiere a la declaración del Institut d’Estudis Catalans formulada el 23 de junio de 2021”. Esta declaración fue aprobada el 14 de septiembre de 2021.
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En junio de 2021, el Tribunal de Cuentas exigió a 34 exaltos cargos del Govern una fianza de 5,4 millones de euros para responder de la actuación de la cúpula de la Generalitat en la labor de promoción exterior del procés entre 2011 y 2017. Mas Colell había sido consejero de Economía en la época de Artur Mas como ‘president’ y ambos eran algunos de los encausados. También estaban implicados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Francesc Homs o Raül Romeva. El juzgado contencioso-administrativo resolvió que el acuerdo era nulo “por vulnerar las libertades ideológica y de expresión” de los denunciantes, también profesores y alumnos de la Universidad.
El auto del TSJC de esta semana ratifica esa condena y aclara que “ni la libertad ideológica de los miembros del claustro ni su libertad de expresión podrían servir de cobertura para un acuerdo extraño a la competencia del mismo, adoptado por el claustro como entidad y no por cada uno de sus miembros”.
Cómo se crea un “ambiente hostil”
Universitaris per la Convivència, entidad que apoyó a los denunciantes, emitió este lunes una carta (que será enviada a todos los máximos directivos universitarios) en la que se suma a la Declaración de Stanford (sobre libertad académica, contraria a la instrumentalización política de los centros) y pide que cesen los manifiestos partidistas. Recogiendo la doctrina del TSJC, aducen que “la adopción por parte del claustro universitario de dicha posición ideológica, netamente política, es incompatible con la libertad”.
Destaca, además, otros argumentos del tribunal: “Esa inmisión tiene lugar al crearse un clima, en el mejor de los casos, desagradable y, en el peor, abiertamente hostil… y se condena a vivir en este clima a todo aquel que pueda disentir, pese a que la Universidad, como entidad pública que es, debería erigirse en una casa común”. La doctrina judicial también destaca que las presiones políticas en instituciones catalanas crean una atmósfera “indeseable” que “ataca las libertades concernidas, constituyendo un ambiente de presión, un ambiente coactivo, en el que el individuo debe elegir entre significarse mediante la callada o significarse mediante el pronunciamiento personal para no ser aglutinado en la posición oficial, y todo ello para un objeto extraño al fin de la institución”.
Ambas sentencias, dice Universitaris per la Convivencia, tienen argumentaciones semejantes. Y se felicita de los fallos judiciales porque “no nos cabe duda de que la intención de sus promotores era poner al conjunto del sistema universitario catalán al servicio de una causa ideológica todo lo respetable que se quiera, pero partidista y fuertemente divisiva de la ciudadanía”. Señala esta entidad que “es lamentable el afán de instrumentalizar políticamente nuestras universidades”. Por último, llama a los rectores al “cese inmediato de la mala práctica de las declaraciones institucionales de contenido ideológico” y pide a las autoridades académicas “una reflexión abierta, plural e informada sobre el modo en que las universidades han de participar en el debate público”.
El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) coincidieron la última semana enreprobar la actitud de dos de las universidades más potentes de la comunidad, la Universidad de Barcelona (UB) y la Politécnica de Cataluña (UPC), por inmiscuirse en asuntos políticos, rompiendo la neutralidad de sus posicionamientos. Han sido varios los episodios en los que se han decantado a favor del independentismo.