La Audiencia Provincial de León impone dos años y tres meses de prisión a un sacerdote por “tocar” las “partes íntimas” de la víctima “por encima de la ropa” y “masturbarle hasta eyacular”. También condena a cuatro años y seis meses a su familiar
La Justicia ha condenado a un sacerdote y a su hermano por abusar sexualmente de un joven de 26 años con una discapacidad reconocida del 64%. Los hechos sucedieron en 2018 en la localidad leonesa de Carrizo de la Ribera. La sentencia emitida por la Audiencia Provincial de León detalla que el cura “empezó a tocar” a la víctima “sus partes íntimas por encima de la ropa” y a “masturbarle hasta eyacular”. Por su parte, su hermano –teniendo constancia de la actuación del sacerdote– también le masturbó y, “al menos en una ocasión”, “intentó penetrar analmente” a la víctima, sin éxito debido a la negativa del joven.
Por estos hechos, la Justicia ha condenado al sacerdote a dos años y tres meses de prisión como responsable de un delito continuado de abuso sexual. La pena del hermano del religioso se eleva a cuatro años y seis meses de cárcel también por un delito de abuso sexual. Los acusados tendrán que indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daño moral, según la sentencia emitida por el tribunal leonés el pasado 28 de junio. El fallo no es firme ya que ha sido recurrido por la defensa de los acusados, tal y como explican fuentes jurídicas.
Los condenados conocían la discapacidad de la víctima
Los magistrados explican que la discapacidad de la víctima “vicia su consentimiento para mantener relaciones sexuales al ser fácilmente manipulable y le impide llegar a comprender de forma total las posibles consecuencias y riesgos que para él pueden llegar a tener el realizar según qué actos de carácter sexual”. Asimismo, apuntan que los condenados eran conocedores de la discapacidad del joven “ya que es fácilmente reconocible por cualquier persona en una breve conversación que se tenga con él”.
El religioso condenado se fue ganando la confianza de la víctima escuchando las “confidencias” del joven sobre “sus problemas familiares” y llevándole a una finca “donde tenía animales”, aprovechando que le gustaban las criaturas “y se divertía pescando y cogiendo cangrejos”. Según detalla la sentencia, los primeros abusos los realizó “con la excusa de preparar” a la víctima “para cuando tuviera novia y pudiera tener hijos, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”.
Además, el cura llegó a decirle al denunciante que “no podía hablar” de estas actuaciones “porque era ‘secreto de confesión’, premiando su consentimiento con cangrejos” y “miel”, también llegó a asegurar “que le iba a incluir en su testamento y a regalarle algún animal”. Teniendo esto en cuenta, los magistrados defienden que “la gravedad y trascendencia de los actos” realizados por el condenado “conduce a considerar más proporcionada la pena de prisión que la de multa”.
Por su parte, en relación a la condena del hermano del cura, el tribunal “ha acreditado al menos una felación”, aunque no consideran demostrado “con el rigor que se exige para una condena penal el intento de penetración anal a los efectos de continuidad delictiva”.
La Diócesis “eximió” al cura de sus obligaciones pastorales
Fue la madre de la víctima la que denunció estas actuaciones cuando “notó distinto a su hijo, más agresivo y con trastornos alimenticios y de sueño”. Después de todo el procedimiento, los jueces aseguran que “no consta que a consecuencia de los hechos declarados probados y atribuidos a los procesados” la víctima arrastre “secuelas o trastornos” derivado de los abusos sufridos.
Cuando se conocieron los hechos, en 2018, la Diócesis de León emitió un comunicado en el que aseguraron que habían “decidido eximir” al sacerdote de “sus obligaciones pastorales por un tiempo prudencial”, mientras no existiese una resolución judicial definitiva.
Otra de las decisiones anunciadas consistió en nombrar “dentro del ámbito eclesiástico una persona que realice también las investigaciones oportunas que deberán contribuir a clarificar los hechos y a que posteriormente se tomen, conforme a derecho, las medidas acordes al resultado de las mismas”. Preguntados por elDiario.es tras la sentencia, la Diócesis apunta que el fallo ha sido recurrido y que tras la denuncia el Obispado apartó al sacerdote “del ejercicio del ministerio”, así como “del trato con personas vulnerables”.
