El Gobierno canario deberá readmitir e indemnizar a una docente sindicada
El Gobierno de Canarias y el Obispado insular mantienen, desde 2000, una lucha sin tregua contra los profesores de Religión en las islas afiliados al sindicato CCT (Confederación Canaria de Trabajadores). Aquel año, los docentes efectuaron un encierro y una huelga. Desde entonces, los despidos han llovido cada año.
El pasado curso fueron expulsados seis profesores. Una sentencia del pasado 1 de octubre dictamina que fueron apartados por su filiación sindical. El fallo condena a la Consejería de Educación a pagar 38.000 euros a la profesora Dolores Hernández por los daños causados y a readmitirla en su puesto.
CCT mantiene una lucha jurídica contra el Ejecutivo regional y el Obispado que, en marzo, llegó al Supremo. Una sentencia del Alto Tribunal obligó al Obispado a pagar las indemnizaciones de los profesores despedidos injustamente y a la Consejería a restituir a los docentes en sus puestos.
"Es evidente que el Obispado presiona para que los profesores se afilien al sindicato ANPE, mucho más conservador. En las últimas elecciones de 2007, nuestros afiliados fueron advertidos de que no se presentaran con nuestras siglas si no querían tener problemas", explica el delegado sindical de CCT, Rafael Ramírez.
"La injusticia es tan grande que lo más doloroso es el atentado contra la dignidad", señala Dolores Hernández. Esta profesora, de 50 años, acudió en septiembre del curso pasado a dar clase a su centro. Sin previo aviso, encontró en su puesto a una sustituta. "También se sorprendió el director. Yo nunca había tenido ningún problema", recuerda.
Ausencia de titulación
Denunció el caso y un mes después le llegó la carta de despido. Alegaron que no tenía la titulación necesaria para dar clase en Secundaria. Hernández es diplomada en Magisterio desde 1982 y, según la directora general de personal, es necesario tener un título de licenciatura. La misma excusa sirvió para despedir a otros cinco profesores de Religión. El juez falló en contra de la decisión porque la persona que fue contratada tenía la misma titulación que Hernández, diplomada.
Un juzgado de lo Social determina ahora que la decisión de la Consejería vulnera el derecho de la profesora a la libertad sindical. "Los despidos objetivos de profesores por ineptitud sobrevenida han afectado exclusivamente a afiliados de este sindicato [CCT]", dice el fallo.
No obstante, otros cuatro casos fueron considerados como simples despidos improcedentes.
