La Justicia obliga al Obispado canario a indemnizar a dos profesores de Religión despedidos
El calvario que están viviendo los docentes de Religión que hace ocho años secundaron una huelga en Canarias parece no tener fin. Desde que la Iglesia se tomó la revancha y decidió no renovar sus contratos, los maestros y la jerarquía católica no han dejado de pleitear. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido tres sentencias en las que condena al Obispado a indemnizar a dos profesores con 24.000 euros por vulnerar sus derechos sindicales y de libertad de expresión y en las que ordena al Gobierno autonómico a readmitirlos en sus puestos de trabajo.
Son los casos de Araceli del Carmen Gómez Jaén, despedida siete veces, y de Rafael Ramírez, que además de enseñar esta asignatura es presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión de Comunidades autónomas (FEPER) y miembro de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), uno de los sindicatos más implicados en la defensa de estos docentes.
En la última sentencia que obliga al Obispado a readmitir a Araceli del Carmen Gómez, el tribunal autonómico recrimina la conducta de la Prelatura, que "no renueva los contratos a algunos de sus profesores por ejercitar un derecho fundamental", lo que para los jueces merece un "reproche jurídico absoluto".
Las críticas al Obispado y al Gobierno canario no quedan ahí. El TSJC denuncia que la administración justifique la no renovación de los contratos "aunque se vulneren derechos fundamentales". "Pocas consideraciones", afirma la sentencia, "merece tamaña barbaridad de argumento, que sorprende que lo emplee una administración pública".
Una cuarta sentencia, en este caso del Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas, declara nulo el séptimo despido de la profesora Gómez Jaen y condena al Gobierno canario a readmitirla y a indemnizarla con 6.000 euros por daños morales.
La situación de estos maestros está regulada por los acuerdos con la Santa Sede: los contrata y los paga el Estado, pero los obispos son los que eligen a los profesores cada curso.
Requisitos morales
Desde 2007, la Conferencia Episcopal impone requisitos morales y de fe que atañen a su vida privada para certificar su idoneidad. Tanto FEPER como CCT piden la revisión de esos acuerdos porque, según denuncia Ramírez, "la jerarquía eclesiástica los usa como patente de corso para vulnerar los derechos de estos trabajadores".
Exigen "corregir" una situación que se repite: despido "encubierto", pleito, sentencia favorable al maestro, readmisión, despido, otro pleito, sentencia favorable, readmisión y otra vez vuelta a empezar con un nuevo despido.
Principales derechos vulnerados
Derecho a la intimidad
María del Carmen Galayo perdió su trabajo de profesora de Religión hace siete años cuando el vicario de la diócesis canaria supo que convivía con un hombre que no era su marido. Lo mismo les ocurrió a Paqui Urbano y a Resurrección Galera. La primera, por irse de copas con los amigos y ser concejal de IU y la segunda por casarse con un divorciado.
Derecho a la libertad sindical y de asociación
Rafael Ramírez denuncia que si los profesores se afilian a determinados sindicatos quedan marcados por los obispos.
Derecho a la libertad de expresión
Tanto Ramírez como la también profesora Margarita Pérez Eguiagaray fueron despedidos. El primero por sus denuncias como miembro del comité de empresa de la Confederación Canaria de Trabajadores. A Margarita, en cambio, la echaron por redactar una carta en la que cuestionó las actuaciones del Obispado de Canarias.
"El Gobierno ha de poner fin a esto"
¿Cómo empezó a dar clases de Religión?
Cuando acabé Teología me planteé esta salida a mi carrera y empecé a hacer algunas sustituciones como profesor de la asignatura. En el curso 1991-1992 ya era indefinido y me destinaron a un instituto de Telde (Las Palmas).
¿Cuándo empezó a reivindicar los derechos de los profesores?
En 1999 me presenté a las elecciones sindicales y me liberé a tiempo completo para esta labor. Era el primer profesor de Religión que lo hacía en Las Palmas. La situación de este colectivo es tan anormal que los otros maestros no reclamaban, tenían miedo.
¿Cuáles eran sus protestas?
El Gobierno del PP, en connivencia con la jerarquía católica, nos obligó a firmar contratos temporales, pero nosotros teníamos un trabajo indefinido. Empezamos con las medidas de presión: encierros en la Consejería de Educación y una huelga indefinida el 26 de enero de 2000.
¿Empezaron ahí sus problemas?
Sí, lo fuerte llegó entonces. La consejería y el Obispado buscaron cómo frenar cualquier reivindicación de los profesores y empezaron a echar gente. Yo era una referencia y pensaron que si se cargaban al cabecilla el resto pondría las barbas en remojo. Primero me amenazó el Obispado y me dijo que, o me incorporaba al centro y dejaba la liberación sindical, o no iba a poder volver a dar clases. Opté por perder mi condición de liberado como miembro del comité de empresa, pero no dejé de reivindicar nuestros derechos.
¿Qué medidas tomaron la consejería y el Obispado?
No les gustó que siguiera dando la lata. El delegado del Obispado, Hipólito Cabrera, me dijo que si no me estaba quietecito en el curso 2001-2002 no daría más clases. Y así fue. Con el curso empezado, unos días después de hacer unas declaraciones a un periódico y a pesar de tener una sentencia que reafirmaba mi condición de indefinido y de miembro del comité sindical, me enteré por la prensa de que la consejería me había echado.
¿Qué hizo entonces?
Fui a los juzgados y tras varios pleitos el TSJC ha declarado nulo el despido. Me incorporé a mi trabajo en 2002.
¿Y ahora qué pasará?
A mí, nada, pero a muchos compañeros que llevan siete años pleiteando no sé… La consejería se ampara en la actuación del Obispado, pero es responsable de esta historia. El Gobierno central debe poner fin a esta situación.
