Un tribunal acusa al Obispado de Canarias de querer «eliminar» a profesores conflictivos
La Justicia ha vuelto a obligar al Obispado de Canarias a través de tres sentencias a indemnizar y readmitir en sus puestos de trabajo a dos profesores de Religión que fueron despedidos después de participar hace ocho años en una huelga como protesta por sus condiciones laborales.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) son ya viejos conocidos del prelado de las islas, puesto que trataron los casos de otros docentes en la misma situación. En uno de estos fallos. denuncian que los despidos no son "actos aislados, sino un comportamiento reflexivo, consciente y voluntario dirigido a la eliminación de los trabajadores conflictivos, con desprecio absoluto de sus derechos fundamentales, vulnerados año tras año pese a la reiteración de pronunciamientos judiciales".
Esta sentencia se refiere en concreto al caso de Nereida del Pino Díaz, una de las profesoras de Religión que hace ocho años participó en la huelga y que desde entonces vive inmersa en una maraña de pleitos con la prelatura y con la Consejería de Educación del Gobierno autonómico.
Seis sentencias
Cada año, los obispos emiten un certificado de "idoneidad" de los maestros de Religión. Del Pino no había tenido problemas con el suyo hasta que participó en aquella movilización. Tras significarse en las protestas, el Obispado ha rehusado renovar su certificado en siete ocasiones, pese a que la docente cuenta ya con seis sentencias que anulan sus despidos por considerar que "vulneran el derecho de huelga, la libertad de expresión y la garantía de indemnidad".
Dos sentencias del TSJC, que ha dado a conocer la Confederación Canaria de Trabajadores, obligan al Obispado a readmitir de nuevo a la profesora y a indemnizarla con 36.000 euros.
Pero el caso de Nereida del Pino no es único. Otra sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria condena a la Consejería de Educación a readmitir a Martín Domingo, otro profesor en una situación similar, al que el Obispado deberá indemnizar con 3.000 euros por los daños morales causados.
Rafael Ramírez, profesor de Religión y miembro de la Confederación Canaria de Trabajadores, estimó que estas tres condenas elevan a 100.000 euros la suma con la que el Obispado debe indemnizar a los docentes represaliados por aquella huelga.
Francisco Navarro, miembro del sindicato, denunció la "persecución" de los profesores y exigió la revisión de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.
