El término “objeción de conciencia” es tan elástico que parece tener poder para amoldarse a las circunstancias
Se habla en estos días de una estadística que me produce tristeza. La gran mayoría de abortos, absolutamente legales, tiene lugar en clínicas privadas. La sanidad pública, tan ejemplar para otras cosas, no ha sabido dar la respuesta y las mujeres que se ven en este duro trago no tienen en muchos casos más alternativa que acudir a un plan B porque el plan A deviene ineficaz por causa, sobre todo, de esa cláusula llamada “objeción de conciencia”.
La objeción de conciencia es el comodín en el que se amparan sanitarios para no hacer determinadas cosas que, aunque son propias de su trabajo, no son acordes con sus creencias. Así, aunque el aborto sea absolutamente legal y deba cubrirse por la sanidad pública, un médico puede ampararse en esta cláusula para negarse a realizarlo sin que suponga ninguna consecuencia para él.
El término “objeción de conciencia” es tan elástico que parece tener poder para amoldarse a las circunstancias. Quines peinamos canas –con o sin tinte-, recordamos a aquellos objetores al servicio militar que tanto se jugaron en su día. Los primeros, una pena de cárcel y, cuando ya la cosa se reguló, una prestación social sustitutoria que muchas veces era más gravosa de lo que hubiera sido la famosa “mili”. Pero, sea de un modo u otro, no salía gratis. Y, desde luego, no perjudicaban los derechos fundamentales de nadie.
También se planteó el tema de la objeción de conciencia en el caso de un miembro de la judicatura que, pese a estar en un juzgado que tenía encomendadas las funciones de Registro Civil, se negaba a casar a parejas homosexuales porque iba en contra de sus principios. La respuesta no podía ser otra que obligarle a que cumpliera su función, por cuanto que era un servicio público, y estaban en juego derechos fundamentales. Blanco y en botella.
En las carreras judicial y fiscal no hay objeción de conciencia que valga. Y, de hecho, como me recordaba una juez amiga, en ocasiones somos quienes debemos autorizar el aborto de una menor de edad.
Podría aducirse que quien sabe que sus creencias van a chocar con su trabajo, tal vez debería buscar otro trabajo. En el caso del aborto y la medicina, no dejar de ejercerla, pero no hacerlo en el ámbito público o no al menos en un puesto donde se pueda dar este caso.
Sé que es un tema difícil. Pero más difícil es la situación de una mujer que, habiendo tomado la durísima decisión de abortar, tiene que sufrir un calvario para encontrar el lugar donde hacerlo.
