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Concentraciones por todo el Estado: “Recuperando nuestro patrimonio público”

Más de 30 grupos, integrados en la coordinadora Recuperando, volvieron a salir hoy a la calle para denunciar el incumplimiento del Gobierno de coalición con la recuperación de los bienes públicos.

Sermón del “arzobispo” en la concentración convocada por Granada Laica

Comunicado de la Coordinadora Recuperando:

10 de noviembre de 2022. Más de 30 colectivos ciudadanos, integrados en la coordinadora Recuperando, han protestado hoy en 21 ciudades de 13 comunidades autónomas contra el carpetazo de las inmatriculaciones de la Iglesia pactado entre el Gobierno de coalición y la Conferencia Episcopal. Bajo el lema de ‘Recuperando nuestro patrimonio público’, las organizaciones patrimonialistas se han echado a la calle para protestar por el incumplimiento del PSOE y Unidas Podemos con sus propios programas electorales y de Gobierno, que en su punto 5.11 se comprometieron a impulsar las “modificaciones legislativas oportunas” para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por los obispos.

Las concentraciones se han sucedido en Albacete, Alicante, Badajoz, Bilbao, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Donosti-San Sebastián, Granada, Jerez, León, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. En todas ellas se ha leído un manifiesto de Recuperando en denuncia del “monumental escándalo patrimonial”, que ha permitido a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes con la sola autocertificación del diocesano.

Las organizaciones patrimonialistas califican como un “éxito sin paliativos” la publicación del listado de bienes entre 1998 y 2015, aunque lamentan que el inventario es parcial y no incluye las fincas inscritas desde 1946, lo que elevaría considerablemente el número de registros difundido hasta ahora. Entre los bienes inmatriculados hay miles de monumentos, muchos de ellos protegidos, pero también cementerios, casas, templos, huertas, plazas públicas y hasta algún frontón.

“El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales”, señala el manifiesto de Recuperando. El Gobierno hizo público el listado parcial de bienes, con un estudio jurídico que apuntaba a la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones, pero ahora se desentiende de su reversión y deja en manos de los litigantes la resolución del monumental problema.

Lo que propone Recuperando es la declaración de nulidad de las inscripciones para que la Iglesia vuelva a inmatricular aquellos bienes cuya propiedad pueda demostrar por el procedimiento ordinario y sin privilegios registrales. Paralelamente, exige una reforma legislativa para determinar con detalle qué bienes son de dominio público y, por tanto, deben quedar fuera del tráfico mercantil. Es el caso de miles de monumentos de extraordinario valor histórico como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el arte prerrománico de Asturias o las joyas mudéjares de Aragón.

“Lejos de cumplir su promesa electoral”, indica el manifiesto, “el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional”. Redes Cristianas, integrante de Recuperando, reunió a finales de octubre en Madrid a representantes del Gobierno, la Iglesia católica y las organizaciones ciudadanas para debatir sobre inmatriculaciones. En el acto, el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, reconoció públicamente la previsible inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que habría permitido a los obispos registrar discrecionalmente decenas de miles de edificios, pero dio por buenas todas las inmatriculaciones practicadas.

“Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico”, concluye el comunicado, “Recuperando y todas y cada una de las organizaciones que coordina sí lo estarán”, por lo que anuncia futuras movilizaciones ciudadanas hasta que el Gobierno no se avenga a cumplir sus compromisos electorales.

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