Concentración. Sábado 20 de junio. 12 horas. Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares

En Alcalá de Henares, el Opus Dei quiere construir un centro en terrenos públicos: “La educación no es un negocio”.

«Lo primero que hacemos es quitarles, a todos, hasta la camisa»[1]. La cita –dicha por el propio Escribá de Balaguer en uno de sus documentos- viene a cuento porque el Opus Dei está empeñado –junto con Esperanza Aguirre- en cargarse la educación cien por cien pública.

La recién creada Plataforma por la Educación Pública y Laica de Alcalá de Henares[2] –que aglutina a más de veinte organizaciones sociales, políticas y sindicales y entre las cuales se encuentra Izquierda Anticapitalista- ha denunciado que el colegio Alborada, perteneciente a la fundación Tajamar del Opus Dei y Tertio Millennio, va a construir en una parcela de 23.000 metros cuadrados situada en terreno público.

En un Manifiesto hecho público esta semana, la Plataforma por la Educación Pública y Laica de Alcalá de Henares señala: “El Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha cedido un terreno público de 23.000 m2 valorado en 15 millones de €uros (a cambio de un canon anual de 12.500 euros durante 75 años) para la construcción de un colegio del Opus Dei, donde se llevará a cabo la segregación de niños y niñas. Denunciamos que la adjudicación de este concierto por parte de la Comunidad de Madrid (junto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares regido bajo el gobierno del Partido Popular) se regula bajo los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de Educación (LOE) establecida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el 2006”.

Además de denunciar el adoctrinamiento religioso, la educación de los seguidores de Balaguer “genera desigualdades sociales encaminadas a generar élites”. También se advierte que “el ideario ultraconservador que practica el Opus Dei en sus Centros religiosos, ofertando una “educación diferenciada por sexos”, se basa en principios discriminatorios, y que con este tipo de educación la mujer vuelva a ser objeto de sumisión y a adoptar roles sexistas discriminatorios, ejerciendo la peor de las violencias de género, la educacional.Entendemos que una pluralidad educativa no consiste en separar dentro de las aulas por razones de sexo, origen, creencias religiosas, clase social o etnia”.

En este sentido, la Plataforma por la Educación Pública y Laica de Alcalá de Henares exige paralizar la construcción de un colegio del Opus Dei en una parcela de terreno público cedida por la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado el portavoz de la asociación, Miguel Bermejo, este tipo de adjudicaciones por parte del gobierno regional y del Ayuntamiento complutense, bajo el gobierno del PP, son posibles por la Ley Orgánica de Educación (LOE) que estableció en 2006 el PSOE.

La LOE es para los grupos integrantes de la plataforma la "raíz del problema", ya que es la que permite ese tipo de concesiones.

"Esperamos que la ciudadanía alcalaína muestre su rechazo a este tipo de acciones del PP y el PSOE" acudiendo a la concentración que se celebrará, el próximo sábado 20 de junio a las 12 horas, en la plaza de Cervantes, ha añadido Bermejo.

La Confederación General del Trabajo del Corredor del Henares, la Confederación Nacional del Trabajo de Alcalá, Izquierda Republicana, el Partido Comunista de España, la Unión Cívica por la República, la asociación cultural Entropía, el colectivo estudiantil "Miles de Voces" e Izquierda Anticapitalista son algunos de los integrantes de la plataforma.

El Opus Dei uno de “esos “nuevos movimientos” que han ido cobrando cada vez más protagonismo en dentro de la Iglesia Católica durante los dos últimos pontificados aparece ligado en nuestro país a irregularidades inmobiliarias. Y una vez más, en los feudos autonómicos de determinado partido con el que comparten miembros e ideología”.[3]

El Opus funciona en el Estado a través de diversos grupos para la educación: Centros Familiares de Enseñanza, Fomento de Centros de Enseñanza, Fomento de Centros de Enseñanza, Attendis, Institució Familiar o el Grupo COAS entre otros. Estas sociedades se encargan de la gestión de centros privados, a los que numerosos cabildos y comunidades han cedido el usufructo de terrenos. Recientemente, la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, otorgó a la Fundación Educatio Servanda, presuntamente vinculada con la Obra, 26.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo colegio en el municipio de Alcorcón. Esta fundación recoge en su web una guía práctica para la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, caballo de batalla del universo Opus junto a temas como la investigación con células madre, el aborto o la eutanasia[4].

Los exconcejales Jesús Pedroche, condenado por despedir a una embarazada soltera, y Antonio Moreno, absuelto en el caso Funeraria, forman parte de la Asamblea General de Cajamadrid, nombrados por el Ayuntamiento de Madrid. Se relaciona a ambos con el Opus. En los círculos financieros a los miembros del Opus y militantes del PP que entran en los negocios inmobiliarios se les llama “mafia blanca”.

Las más fuertes relaciones de miembros de la Obra con el PP se dá en la Comunidad Valenciana. Resulta que Enrique Pérez Boada, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), es miembro activo del Opus Dei, igual que Juan Cotino, el actual vicepresidente de la Generalitat Valenciana, conseller de Agricultura y Pesca y ex Director General de la Policía Nacional. El IV Presidente de la Generalidad Valenciana y ex Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Francisco Camps Ortiz –actualmente imputado por un presunto delito de cohecho en la trama de corrupción en el Caso Gürtel, que ha salpicado al Partido Popular (PP) de la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid– es también miembro de la Obra.

Durante la etapa del gobierno del PP algunos miembros del Opus Dei fueron designados ministros por José María Aznar. En este sentido, durante la canonización de su fundador en el año 2002, asistieron a la ceremonia en el Vaticano tres miembros de ese gobierno; Federico Trillo (Ministro de Defensa), Ana Palacio (Ministra de Asuntos Exteriores) y José María Michavila (Ministro de Justicia), de los cuales sólo Trillo –responsable político de la muerte de soldados en Turquía- es miembro del Opus Dei. De la misma forma, una de las figuras políticas más relevantes y no exentas de polémica durante esos gobiernos, el ex fiscal general del estado Jesús Cardenal, es miembro de la Obra.

Sin embargo, desde los tiempos de Franco -el cual también nombró ministros a varios miembros de la Obra- el Opus siempre ha mantenido predilección por gestionar centros educativos.

Quizás, como sugiere el sociólogo Moncada, “la presunta búsqueda de influencia del Opus Dei en la sociedad se canalice a través de sus colegios y universidades, con el fin de que sus principios religiosos se transformen en modelo de vida”.