La plataforma de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes acometida a su favor por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, la asociación Ben Baso de Profesorado para la Difusión y Protección del Patrimonio, Europa Laica y la plataforma estatal Recuperando han convocado una concentración para las 17,00 horas de este jueves en la Plaza Nueva, en demanda de reclamar al Gobierno central, conformado por el PSOE y Unidas Podemos, que cumpla su compromiso de «facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica en los últimos decenios».
La plataforma de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes acometida a su favor por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, la asociación Ben Baso de Profesorado para la Difusión y Protección del Patrimonio, Europa Laica y la plataforma estatal Recuperando han convocado una concentración para las 17,00 horas de este jueves en la Plaza Nueva, en demanda de reclamar al Gobierno central, conformado por el PSOE y Unidas Podemos, que cumpla su compromiso de «facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica en los últimos decenios».
Los colectivos señalan el «éxito» implícito en el listado hecho público por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos sobre estos bienes, –295 bienes en el caso de la provincia de Sevilla, en la gran mayoría de casos exclusivamente mediante una certificación eclesiástica–; si bien insisten en que dicho inventario «no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998, y no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado».
Los colectivos señalan además el informe presentado por la Conferencia Episcopal al Gobierno central en el que reconoce que cerca de un millar de bienes inmuebles que aparecen en la citada lista de activos fueron inmatriculados por error. De los 295 inmuebles que según el informe del Gobierno inmatriculó la Archidiócesis de Sevilla, acogiéndose al artículo 298 del Reglamento Hipotecario aprobado por el entonces Gobierno del popular José María Aznar, se constatan «incidencias» en ocho casos concretos, explicaban fuentes del Arzobispado a Europa Press.
«A día de hoy, el Gobierno, lejos de cumplir su promesa electoral, ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad», enfatiza la plataforma, avisando de que la Archidiócesis de Sevilla inmatriculó en 2010 «por 30 euros» la Giralda y el Patio de los Naranjos.
La plataforma, recordémoslo, promueve actualmente una campaña destinada a pedir al Cabildo Catedralicio, adscrito a la Archidiócesis de Sevilla, «la apertura inmediata» del Patio de los Naranjos, al objeto de que el mismo recupere su papel como espacio plenamente público para cualquier persona.
Según el colectivo, fue en 1992, año de la exposición universal celebrada en Sevilla, cuando este espacio fue «privatizado de facto», pues «se cerró el acceso gratuito al Patio de los Naranjos, manteniéndose desde entonces como parte de la visita de pago al conjunto catedralicio y desvirtuando su disfrute y uso secular, al convertir sus puertas en acceso exclusivo de grupos turísticos y salida de los mismos».
El cuadro de tarifas de la Catedral, eso sí, especifica que la visita al recinto es gratuita para «naturales o residentes en la Archidiócesis de Sevilla, menores de hasta 13 años acompañados por un adulto, discapacitados a partir del 65 por ciento y un acompañante en caso de necesitarlo y desempleados nacionales», pero siempre «acreditándolo mediante documento oficial» en el correspondiente control de acceso.
En su campaña, los colectivos piden además a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla «que asuman sus responsabilidades políticas y procedan a atender las reclamaciones ciudadanas presentadas».
