La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha trasladado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, «su disconformidad y preocupación por la imposición de un anteproyecto de ley con graves disposiciones», en referencia a la nueva normativa sobre educación qeu prepara el Ejecutivo.
Según la organización, «afectan a la libertad de enseñanza, sin el más mínimo diálogo y consenso, y teniendo en cuenta que a los padres no se les había escuchado, siendo los primeros responsables de la educación de sus hijos».
Así lo manifestó Concapa este miércoles en una nota en la que resumió el encuentro que varios de sus representantes han mantenido esta semana con Celaá y su equipo y que transcurrió «dentro de la cordialidad».
El presidente de Concapa, Pedro José Caballero, señaló a la ministra que su confederación representa en la actualidad a más de tres millones y medio de familias presentes en más de 3.000 colegios, tanto de la red de iniciativa social -concertada- como de la pública, siendo el 30% aproximadamente del sistema educativo español.
Concapa, que abordó múltiples temas de interés, puso sobre la mesa las razones que le llevan al rechazo de esta ley como que se escuda en una «urgencia educativa que no existe puesto que los aspectos más controvertidos de la Lomce no se están aplicando».
Además, señalaron que la reforma «carece del más mínimo consenso y participación» y «asfixia el derecho a la libertad de enseñanza al omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza».
En opinión de los padres, la futura norma «restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos puesto que elimina el concepto de «demanda social» y suprime la referencia a los padres como principales responsables de la educación de sus hijos», entre otras muchas quejas referidas al papel de las familias, la enseñanza de la Religión, presupuestos y pruebas de diagnóstico.
Según explica la nota, en el encuentro en Educación también se habló sobre acoso escolar, bilingüismo y el refuerzo del castellano en comunidades autónomas con lenguas cooficiales.
«El pacto educativo debe de seguir vivo y se debe trabajar intensamente para poder, entre todos, llegar a un gran acuerdo de estabilidad educativa en España con un horizonte no inferior a 10 años, sacando a la educación de la política», reclamó Concapa, que tiende la mano al Ministerio para trabajar en la mejora educativa.
