Mediante un Real Decreto refrendado el 27 de febrero por el Consejo de Ministros, se ha creado, dentro del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Dirección General de Libertad Religiosa, elevando así el rango de lo que venía siendo una “Subdirección”. De esta manera, el Gobierno sigue aumentando los privilegios de todas las confesiones religiosas, buscando asimilarlos a los de la Iglesia católica. Ese camino ya lo inició el Gobierno anterior con la equiparación fiscal de todas las religiones, que quedó aplazada por el adelanto electoral, pero el Gobierno actual va más allá y no se conforma con desbloquear aquel atropello a la laicidad del Estado.
Desde Europa Laica denunciamos que el Gobierno confunde la necesaria laicidad de un Estado democrático con la multiconfesionalidad, y, en vez de suprimir las desaforadas prerrogativas de la Iglesia católica, aumenta los privilegios de otras confesiones religiosas de “notorio arraigo”.
Rechazamos el retroceso que supone la creación de esa nueva Dirección General y reclamamos pasos decididos hacia el Estado Laico, empezando por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 y los acuerdos posteriores de cooperación con otras confesiones religiosas; todas ellas deben ser consideradas como meras asociaciones, y tener el mismo trato que las demás, sin privilegios ni desventajas. Esa derogación debe ir acompañada de una Ley Integral de Libertad de Conciencia como la que desde hace años viene promoviendo Europa Laica.
Exigimos el cese de los privilegios económicos, educativos, simbólicos, mediáticos, etc., que desde el ámbito público se concede a las confesiones religiosas. Esto supone de manera destacada la salida de la religión de la escuela, el progresivo fin de los conciertos educativos, la desaparición de las casillas de la Renta, la supresión de las exenciones fiscales de privilegio, en especial la del IBI, y la reversión de los más de 100.000 bienes inmatriculados de manera ilícita por la Iglesia católica desde 1948. Todo esto es, por cierto, lo que cabe esperar de un Gobierno verdaderamente “progresista”, que defienda un Estado laico en el que prevalezca la igualdad de derechos de la ciudadanía al margen de las convicciones y creencias particulares.
