Cuesta entender cómo una institución de por sí basada en el perdón, pero que, además, ha usado y usa de manera regular una especie de amnistía clandestina para encubrir y proteger a cientos de sus miembros de sus responsabilidades penales, puede considerar inapropiada e inoportuna una medida que se concedería de manera pública y por ley
La Conferencia Episcopal española carece de opinión sobre el caso del cura que drogaba y abusaba de feligresas, fue denunciado por su novia y acabó trasladado de parroquia para encubrir y silenciar sus presuntos delitos. Por boca de su portavoz, César García Magán, obispo de Toledo, hemos sabido que ese es un asunto del Obispado de Málaga y que la Conferencia no tiene nada que decir sobre un caso que no representa una anécdota terrible o un caso aislado, sino otro episodio más en un patrón de encubrimiento delictivo que la Iglesia católica española lleva repitiendo desde hace décadas en cientos de casos.
