Coordinadora Recuperando, 24 de febrero de 2021
La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 20 asociaciones patrimonialistas de todas las comunidades autónomas, desea difundir el siguiente comunicado en relación a la entrega del listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica por el Gobierno central al Congreso de los Diputados, en cumplimiento de una petición parlamentaria de marzo de 2017.
1. La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio eclesiástico. Es de justicia reconocer la labor tenaz y decidida de las asociaciones. No obstante, el listado es parcial e insuficiente. No incluye los bienes inmatriculados desde 1946, cuando se promulgó el polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ni se han facilitado las notas simples del registro, lo que complica enormemente la identificación de las fincas inscritas. El número global de inmatriculaciones podría ascender a casi 100.000.
2. El informe gubernamental que acompaña al inventario recoge un prolijo argumentario jurídico que viene a certificar la presunta inconstitucionalidad del mecanismo inmatriculador al equiparar a la Iglesia con la administración pública y a los obispos con notarios. Esa prerrogativa vulnera flagrantemente el precepto constitucional de igualdad ante la ley y aconfesionalidad del Estado, y habría otorgado a los obispos el privilegio de autocertificar la titularidad de decenas de miles de bienes sin garantía jurídica alguna.
3. Las inmatriculaciones son, por tanto, nulas de pleno derecho. Si los obispos quieren inscribir bienes que presuponen de su propiedad deben hacerlo por los cauces ordinarios y con los mismos dispositivos registrales que cualquier ciudadano para evitar abusos como la apropiación de miles de inmuebles sin aportar título material, muchos de los cuales integran el valiosísimo legado cultural.
4. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, selló en su discurso de investidura el compromiso expreso de efectuar las “modificaciones legislativas” oportunas para “revertir las inmatriculaciones” practicadas por la Iglesia católica en virtud de un privilegio predemocrático. Es evidente que el presidente Sánchez ha incumplido su palabra. Aún reconociendo el informe gubernamental que las inmatriculaciones eclesiásticas se ejecutaron previsiblemente en base a una normativa inconstitucional, el Ejecutivo no parece dispuesto a anularlas y
abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados.
5. La misma Proposición No de Ley (PNL), firmada por el PSOE y UP en la primavera de 2017 y que propició la publicación del presente listado de inmatriculaciones, ya consideraba la naturaleza demanial de los templos de culto y exigía al Gobierno la reclamación de la “titularidad del dominio” para aquellos inmuebles que carecieran de “título material” o “no susceptibles de propiedad privada”. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, suscribió otro documento jurídico en 2018 defendiendo la titularidad pública de la Mezquita y promoviendo
un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra las inmatriculaciones eclesiásticas.
6. El Gobierno de coalición quiere dar carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. Y, por razones que no ha sido capaz de explicar, ha indultado la apropiación masiva de fincas y bienes de indudable valor histórico por parte de la jerarquía católica después de negociaciones secretas que se han desarrollado en la más absoluta opacidad. Recuperando aún espera después de casi tres años que algún representante del Gobierno se digne a escuchar los argumentos de las organizaciones ciudadanas.
7. Recuperando quiere expresar su profunda decepción por una renuncia gubernamental que solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica. Ni el presunto Gobierno más progresista de los últimos 80 años ha sido capaz de defender la legalidad constitucional frente al poder de los obispos. Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Recuperando sí lo estará.
