Fuentes del Gobierno han reconocido a Confidencial Digital que la vicepresidenta Carmen Calvo, encargada de las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede, lleva semanas recibiendo presiones de algunos de sus socios de investidura, lideradas por Compromís, para romper los acuerdos con la Santa Sede.
Según ECD, el Gobierno asume que no puede romper por su cuenta los acuerdos con el Vaticano porque “la modificación de los acuerdos con la Iglesia tiene un carácter bilateral”.
En la Vicepresidencia del Gobierno se responde ahora, sobre este asunto, que los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede “no son una ley estatal que se pueda modificar siguiendo los trámites legislativos ordinarios. Al tratarse de convenios de naturaleza internacional, están sometidos a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Constitución”.
Según esto último, “sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Añade que, para la “denuncia de los tratados y convenios internacionales, se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 9.