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La Iglesia católica debería hacerse cargo de las indemnizaciones a que hubiera lugar, porque fueron cometidos los delitos dentro de instituciones por ella tuteladas si no poseídas totalmente, y (mal)utilizando la protección de la enseñanza religiosa
La reacción de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al informe del Defensor del Pueblo (DdP) sobre la pederastia en la Iglesia no por esperada deja de ser menos vergonzosa. Según los prelados, no ha habido encubrimiento de abusos sexuales por el clero, mientras que el reporte de la institución que encabeza Ángel Gabilondo habla de ‘ocultamiento’. Como también niega que hayan sido los 440.000 que apunta el informe.
Los obispos de la CEE saben mejor que nadie que los religiosos pillados en las últimas décadas en prácticas pederastas han sido simplemente trasladados a lugares lejanos, cuando no remotos. Eso explica el aserto del portavoz de la CEE de que «no hay ningún obispo encausado, ni civil, ni penalmente, ni por la vía canónica».
Semejante hipocresía, acorde con la moral católica más conservadora, concuerda con el ofrecimiento episcopal de ‘colaborar’ con un fondo de compensación a las víctimas de abusos sexuales si ese mecanismo incluye a todas, es decir, también a las que han sido agredidas fuera del ámbito eclesial. Se antoja difícil de entender si esto se corresponde con una política de ventilador para extender la suciedad o la necesidad de agarrarse a un clavo ardiendo para autoexonerarse de culpa.
En todo caso, esa vía de escape la ha servido en bandeja el DdP al proponer un fondo estatal para resarcir a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Si únicamente se compensara monetariamente a los abusados por los ensotanados, «se crearían víctimas de primera y segunda clase», estima la CEE en un alarde de su propia doctrina: todos somos iguales a los ojos de Dios.
Crear ese fondo de compensación propuesto por Ángel Gabilondo es un fallo clamoroso que presenta el informe del DdP. En los casos de agredidos sexualmente por familiares, vecinos, amigos de padres o desconocidos laicos, se puede admitir que sea el Estado el que debería responder como responsable subsidiario en caso de que los delincuentes agresores no pudieran hacerlo. Lo de los clérigos, ensotanados o no, es diferente, puesto que delinquieron prevaliéndose de su condición de tales y bajo el paraguas de la responsabilidad del supuesto ‘cuidado de las almas’ del que la Iglesia católica les invistió, también supuestamente.
La Católica debería hacerse cargo, pues, totalmente de las indemnizaciones a que hubiera lugar. Porque fueron cometidos los delitos dentro de instituciones por ella tuteladas si no poseídas totalmente, y (mal)utilizando la protección de la enseñanza religiosa o tutela moral como pretexto para la comisión de sus aberraciones. No se trata de una institución insolvente ahogada en la escasez pecuniaria o patrimonial. La Iglesia católica en España es una institución con posibles.
El Estado le aporta unos 12.000 millones de euros anuales (entre asignaciones directas, exenciones de impuestos, asignación tributaria, etc.). Solo en la campaña de renta de 2022, la Católica obtuvo más de 320 millones, según la propia CEE. Además, según fuentes concordantes, ingresa 600 millones anuales mediante el ‘cepillo de los domingos’; posee casi 100.000 hectáreas agrícolas y más de 100.000 inmuebles. Estas últimas propiedades aumentaron en 34.961 entre 2005 y 2015 gracias a la Ley Hipotecaria de Aznar, que facilitó las famosas ‘inmatriculaciones’, e incluyen solares, viviendas, locales y lugares de culto en disputa como la Mezquita de Córdoba.
Así que sería un escándalo que el Estado participara en las indemnizaciones a víctimas de pederastia bajo el paraguas católico, puesto que esa Iglesia no está en la indigencia o la insolvencia económica, por mucho que desde los púlpitos siga predicando la pobreza, situación que quizá sufran párrocos de pueblo o de barrios periféricos. Pero la jerarquía católica española controla un patrimonio más que sobrado para indemnizar a esas víctimas de pederastas que los obispos no encubren, según la Conferencia Episcopal, organismo que no confiesa sus pecados, ni dizque se arrepiente ni tiene propósito de enmienda.
