En el Boletín del día 5 de febrero de 2020 se incluye la noticia sobre la iniciativa de la Asociación de Abogados cristianos de recoger firmas a favor de la asistencia religiosa en hospitales públicos, pagada con fondos públicos. La noticia encaja en lo previsible, conociendo el palmarés de esta asociación. Lo que me sorprende es el comentario que se hace desde el propio Boletín: “Los hospitales deberían contar con un servicio de asistencia, religiosa o humanista, al que lo pacientes pudieran
solicitarla, pero sin coste pare el hospital o Estado”
Y me sorprende, porque tratándose las creencias religiosas de algo personal y particular, no entiendo como, desde una posición laicista se puede afirmar que los hospitales públicos deben preocuparse de poner a disposición de las personas un servicio de asistencia de la conciencia (cualquiera que fuese la actividad de ese servicio: confesar, perdonar pecados, escuchar confidencias, purificar el alma, o ayudar a la reconciliación consigo mismo/a).
Se argumenta que este servicio, y así sería admisible, debería ser a coste cero para la institución hospitalaria. Es decir, que ¿debería contar con un listado de organizaciones religiosas, ONGs, y/o voluntarios/as a quien el servicio médico pudiera llamar para que asistieran al paciente? ¿el hospital público debería proveer, a coste cero, la asistencia religiosa o humanista de los pacientes?
Yo creo que no. Dado que es una cuestión absolutamente privada, y dado que una persona si pertenece a un colectivo religioso, ya dispondrá de sus propios contactos debidos a la práctica religiosa, la institución pública no debe gastar dinero en ello, pero tampoco servir de mediador entre particulares en una cuestión de fe y de conciencia. Es un asunto particular, entre particulares. Un hospital no puede negar las visitas de curas, rabinos, imanes a un paciente, pero inmiscuirse tampoco facilitando la mediación como servicio hospitalario.
Por otro lado, hay cuestiones que pueden resultar polémicas porque precisamente no existe una posición clara y unánime, incluso entre los miembros de esta organización, Europa Laica, por lo que me parece “precipitado” incorporar una opinión, que no ha sido consensuada, en el comentario de una noticia, como si esta opinión fuera la posición “oficial” de Europa Laica.
Eugenio Piñero
Miembro de Valencia Laica
El comentario aludido tenía como base la interpretación, seguramente errónea, y en todo caso personal, de nuestro proyecto de Ley de Libertad de Conciencia en su artículo 2, dice:
